Meses de negociaciones y siete prórrogas del plazo de enmiendas no han sido
suficientes para que los grupos parlamentarios del PSOE y el PP en el Congreso
de los Diputados se pongan de acuerdo sobre el nuevo Estatuto de Castilla-La
Mancha y su punto más conflictivo, el fin del trasvase Tajo-Segura en el año
2015. Las negociaciones entre socialistas y populares estaban bloqueadas desde
el pasado mes de enero y finalmente, cerrado ya este martes a las 20 horas el
plazo de enmiendas ha sido imposible alcanzar el esperado pacto en torno al
texto, de manera que cada partido ha ido por su lado en la presentación de las
enmiendas.
El problema ha estado en todo momento en el fin del trasvase
propuesto por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha y así se ha
mantenido hasta el final. Aunque José María Barreda y
María Dolores de Cospedal pactaron en su día la fecha del 2015
como caducidad del trasvase, la entrada del Estatuto en el Congreso fue un
auténtico terremoto que movilizó, sobre todo, a las comunidades de Murcia y
Valencia, hasta el punto de que consiguieron dividir internamente tanto al PSOE
como al PP en torno al controvertido cierre del Tajo-Segura, tan esperado por
los castellano-manchegos como rechazado por murcianos y valencianos.
A la
hora del cierre del plazo, las enmiendas del PSOE están claras. Los
socialistas, tal como explicó el secretario general del grupo, Ramón
Júaregui, han propuesto una reserva estratégica "no trasvasable"
de 600 hectómetros cúbicos en la cuenca del Tajo, y sacar el 2015 del articulado
para relegarlo al preámbulo como un mero deseo de Castilla-La Mancha. Esa
propuesta fue valorada positivamente anoche mismo por el presidente de
Castilla-La Mancha, José María Barreda, aunque la posición del
PP no es favorable a la misma.
En este sentido, el PP presentó sus
propias enmiendas que, según el diputado nacional Andrés Ayala,
tienen sus propios matices respecto al Estatuto castellano-manchego. Así, las
bases de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular son el "no
a la caducidad del trasvase" Tajo-Segura, que se elimina del texto, también
a la reserva de 600 hectómetros en la cuenca del Tajo, matizando "que
los 600 hectómetros sean de todas las cuencas de Castilla-La Mancha", no sólo
del Tajo, con la expresa referencia a la interconexión de cuencas como
"elemento de aportación de recursos hídricos".
En cualquier caso, el PP
ha explicado que el Estatuto podrá ser revisado en función de las necesidades de
agua de la cuenca receptora, de tal manera que el trasvase pueda cerrarse
incluso antes de 2015 si el Levante dispone de recursos por otros
medios.
Asimismo, explicó Ayala, los
populares piden la desaparición de la desalación como "elemento
determinante en la revisión del trasvase". Además de algunas enmiendas para no
perjudicar a nadie, ya que, puntualizó, "no hay vencedores ni vencidos, sino
simplemente legislación que no perjudica a nadie, ni a castellano-manchegos, ni
a murcianos, ni andaluces, ni valencianos".
Nueva fase de tramitación
Ahora el Estatuto
de Castilla-La Mancha entra en una nueva fase de tramitación, ya que, tras
finalizar el plazo de enmiendas, éstas deben debatirse en la Comisión
Constitucional del Congreso y de ahí salir un dictamen para su aprobación por el
Parlamento.
A pesar del desacuerdo producido hasta ahora, ambos partidos
han expresado su intención de abrirse a un posible pacto en esta nueva fase que
se abre, de manera que las posiciones, en este sentido, muestran una nueva
disposición al consenso.
Además de PSOE y PP otros partidos, como
IU y UPyD han presentado enmiendas. En el caso de la coalición izquierdista,
cuyo coordinador general es el ciudadrealeño Cayo Lara, se
apoya el fin del trasvase Tajo-Segura, aunque sin una fecha
concreta.  |
