El conocido empresario ciudadrealeño Domingo Díaz de Mera, presidente de Balonmano CR, uno de los principales promotores del aeropuerto y amigo confeso del presidente Barreda, no ha podido participar directamente en el concurso de adjudicación de las emisoras de radio y televisión que se resolvió la semana pasada. Han tenido que hacerlo otras personas en su nombre y en el de sus empresas, Greeen Publicidad y Medios, S.A., y Ediciones LM, S.L., que se han hecho con tres importantes emisoras de radio (Almadén, Guadalajara y Seseña) y con cuatro televisiones locales (Alcázar, Puertollano, Tomelllso y Talavera).
La razón por la que Díaz de Mera no podía aparecer entre los socios de dichas empresas venía impuesta por las propias bases del concurso, en las que, entre otras cosas, se establece que no podrán ser concesionarias de ninguno de estos medios aquellas empresas que tenga entre sus miembros a personas imputadas o condenadas en causas penales. Es el caso de Díaz de Mera, que se encuentra aún pendiente de que se resuelva la querella contra él mismo y contra el presidente de Metrovacesa, Ramón Sanahuja, por presuntas irregularidades contra los directivos de Caja El Monte de Huelva.
La imputación de los dos empresarios la llevó a cabo la Fiscalía Anticorrupción a finales de 2008. Fue entonces cuando un juzgado de Sevilla imputó, a petición de Anticorrupción, a Ramón Sanahuja, presidente de Metrovacesa, y al ex consejero de esa empresa Domingo Díaz de Mera en la querella por presuntas irregularidades contra dos directivos de El Monte de Huelva y Sevilla, ahora Cajasol. Fuentes judiciales informaron en aquel momento que la imputación de los dos empresarios se había producido en el seno de la querella de la Fiscalía Anticorrupción por la venta, realizada en 2005, de las participaciones que El Monte tenía en la sociedad HC a un precio inferior al real y ofrecer, presuntamente, información engañosa.
En abril de 2008, la Fiscalía denunció por estos hechos al ex presidente de El Monte, José María Bueno Lidón, y al director general de ese grupo empresarial, José Selfa, por presuntos delitos de fraude, omisión de información y disposición fraudulenta de los bienes de la sociedad.
En estas circunstancias Díaz de Mera no podía aparecer entre los socios de las empresas que aspiraban a alguna de las licencias de radio y televisión en Castilla-La Mancha. En su lugar lo ha hecho uno de sus socios más destacados, el también empresario ciudadrealeño Ignacio Barco.
En medios de la región relacionados con el mundo de la comunicación relacionan con este asunto el hecho de que se haya aplazado la resolución de las licencias de las TDT regionales. Creen que en la Junta van a esperar a que se resuelva la causa contra Díaz de Mera para poder concederle una de las televisiones digitales de ámbito autonómico. No en vano el empresario ciudadrealeño, que tiene una importante presencia en las televisiones locales de Andalucía, era el candidato favorito a hacerse con una de las concesiones de TDT de ámbito autónomico en Castilla-La mancha.  |
