El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM),
Vicente Rouco, ha denunciado públicamente este
lunes la precaria situación de la Justicia en la región y ha afirmado que
"si el año pasado ocupábamos el antepenúltimo puesto en número de jueces por
habitante, este año tenemos el dudoso honor de ocupar el último".
Así en
su discurso de apertura del Año Judicial, celebrado este lunes en el
Palacio de Justicia de Albacete, Vicente Rouco
concretó que la ratio en la región es de 8,14 jueces por cada 100.000
habitantes, frente a los 9,5 de la media nacional. A finales de 2008 había 166
jueces en la región -incrementados en 5 el 1 de enero de 2009 con la creación de
cinco nuevos órganos judiciales-.
En este "acto para reflexionar", el
presidente del TSJCM ofreció también otros datos relevantes. Subrayó que
Castilla-La Mancha se enfrentó en 2008 a un aumento muy significativo de la
litigiosidad, que sigue manteniéndose "de manera preocupante" en lo que llevamos
de 2009. Crecen los litigios en la
región
Así, concretó que la litigiosidad creció un 11,91%
en 2008 respecto a 2007, o, lo que es lo mismo, el número de asuntos ingresados
en todas las jurisdicciones fue de 316.334 el pasado año frente a las 282.648
del año anterior.
El crecimiento fue particularmente elevado en la
Jurisdicción Civil, con un aumento del 33,49% de asuntos (66.462 frente a
49.787) y "todavía más grave" en los Juzgados de lo Mercantil, advirtió Rouco,
señalando que "las cifras superan todos los parámetros razonables". En los
Juzgados de lo Social, el aumento de asuntos fue del 32,74%, con cifras que "se
están viendo sobrepasadas en lo que va de 2009".
A pesar de ello, el
presidente del TSJCM defendió que "hemos trabajado más y mejor" porque el índice
de resolución de asuntos ha sido mayor. Se dictaron 44.984 sentencias, lo que
supuso un 3,53% más que en 2007.
Mejor trato
a Castilla-La Mancha
Rouco demandó, en
este sentido, que Castilla-La Mancha sea tratada, en cuanto a los medios
que se merece, con igualdad respecto del resto de comunidades autónomas,
teniendo en cuenta, además, que cuenta con factores que agravan esa desigualdad.
Entre ellos, mencionó que es una región muy extensa geográficamente y con
partidos judiciales en zonas rurales alejadas. Además, "no contamos con juzgados
especializados apenas".
Por todo ello, reclamó que "urge una revisión de
la planta judicial" y señaló que la futura reforma de la Ley de Planta y
Demarcación Judicial, para la que se acaba de crear una Comisión Institucional"
para elaborar el informe que marque la dirección de la revisión, es "una
oportunidad que Castilla-La Mancha no debe desperdiciar".
Demandó así a
la Administración regional y al Consejo General del Poder Judicial -en el acto
estuvieron presentes dos de sus vocales territoriales- que defiendan en esta
comisión "los intereses" de los jueces y magistrados de la
región. La memoria de
2008
Basándose en los datos de la Memoria 2008 del TSJCM,
reclamó que "la ampliación sustancial de la planta judicial para Castilla-La
Mancha debería suponer, al menos, la creación de 36 plazas de jueces y
magistrados". Junto a ello, abordó la necesidad de reforzar los juzgados de los
Mercantil de Albacete, Ciudad Real y Cuenca; todos los juzgados de lo Social y
el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, que está "muy
atascado".
Debería completarse con un incremento de las plantillas de
psicólogos y con la puesta en marcha de una modernización de los medios
informáticos y de la implantación del nuevo sistema telemático de
comunicaciones. De la Ciudad de la Justicia, en Albacete, reclamó que el
proyecto "debería ver la luz de una vez por todas".
Carencia de medios
Con anterioridad al
acto, se celebró una rueda de prensa en la que participaron también las vocales
territoriales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que asistieron al
mismo, Concepción Espejel y Gabriela
Bravo.
Espejel, que perteneció durante 9 años a
la Sala de Gobierno del TSJCM, señaló que "los juzgados y los tribunales de
Castilla-La Mancha y la Fiscalía, llevan sufriendo una carencia de medios
personales y materiales que se remonta a muchos años". Admitió ser "plenamente
conocedora de que, efectivamente, como ha dicho el presidente del Tribunal
Superior, la ratio de los jueces por habitante es la peor que hay en el Estado
español".
La vocal territorial advirtió de que en esta región
"arrastramos carencias desde hace muchos años" y lamentó que "de las plazas que
hemos ido pidiendo, realmente se han ido creando muchas menos de las que
veníamos solicitando" y puso de relieve que "si esto va tirando es gracias al
esfuerzo diario de los compañeros que trabajan en este territorio".
Por
último, subrayó que la entrada que tienen los juzgados y tribunales de trabajo
"es muy superior a la que es razonablemente asumible por cualquier magistrado, e
igualmente pasa en la Fiscalía". Enorme
complejidad territorial
Por su parte, Gabriela
Bravo planteó que "nos encontramos ante un territorio de una enorme
complejidad por su propia realidad demográfica y tiene una planta judicial que
no responde a las complicaciones demográficas, a la extensión de su territorio
y, sobre todo, a que es un territorio con una economía cada vez más emergente
pero que ahora mismo, debido a la crisis económica, los juzgados están siendo
sometidos a una grandísima carga de trabajo".
Habló del importante
incremento, tanto en materia civil, como social, como en materia de lo
mercantil, que están sufriendo los juzgados "fundamentalmente de Toledo y
Guadalajara, y especialmente aquellos partidos judiciales que están ubicados
cerca de los grandes polígonos industriales".
"Si hay un territorio que
necesita urgentemente una nueva definición de la planta judicial -defendió
Bravo- es el de Castilla-La Mancha y, desde el Consejo,
queremos transmitir a los jueces que, por supuesto, apoyamos sus
reivindicaciones, que son dirigidas fundamentalmente a procurar garantizar al
ciudadano un servicio público como se merece, porque una justicia que llega
tarde no es justicia".
Recordó, además, que la mayor parte de sus
demandas, dirigidas a la creación de nuevos juzgados, a la especialización y
separación de jurisdicciones, todas ellas buscan por parte de los jueces el
garantizar que el ciudadano pueda ser receptor de una justicia
eficaz.
La huelga de
jueces
En relación a la postura del CGPJ sobre la huelga
de jueces convocada para el próximo jueves, 8 de octubre, Gabriela
Bravo declaró que "el Consejo va a seguir trabajando y siempre va a
estar al lado de los jueces" y lo estará, añadió, "tanto al de los que decidan
parar el día 8 como al de los que decidan seguir trabajando" porque, argumentó,
"sabemos que nuestro país está servido por jueces muy responsables".
Por
su parte, Vicente Rouco recordó que "tengo una posición
institucional de subordinación leal y de corporación con el CGPJ, y desde ese
punto de vista, el presidente del TSJCM hace suya la posición del Consejo".
"Me siento juez y he hecho de mi vida profesional el servicio a la
justicia un signo distintivo y comparto con todos ellos, con pleno respeto a la
forma de pensar de cada cual, esa preocupación que tienen por la mejora de la
Justicia", pero añadió que "más allá de reivindicaciones de tipo corporativo,
creo que les anima sobre todo su preocupación por la mejora de la justicia y su
vocación de servicio". Al acto de apertura del año judicial
asistieron, entre otras autoridades, la consejera de Administraciones Públicas y
Justicia de la Junta, Magdalena Valerio; el presidente de las
Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Pardo, y la alcaldesa
de Albacete, Carmen Oliver.  |