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 LA PREGUNTA  

¿Qué escandalosa campaña de publicidad tiene que ver con el Tajo y la región?

Vista aérea de la desaladora de Torrevieja
27/12/2016 . Comparte esta noticia en FacebookComparte esta noticia en TwitterAñadir a del.icio.usAñadir a YahooRSS

“El caso Acuamed destapa una campaña de publicidad de 7,5 millones de euros con Zapatero”. Es el titular de la noticia de apertura de este lunes en ABC sobre una escandalosa campaña de publicidad que tuvo como objeto promocionar el consumo de agua de las desaladoras y evitar el trasvase del Ebro, siendo Zapatero presidente del Gobierno y Cristina Narbona ministra de Medio Ambiente.

Todo ello debía redundar en beneficio del Tajo en tanto en cuanto se facilitaba agua a Levante a través de recursos distintos al del Trasvase, pero en realidad no sirvió para nada porque ni las desaladoras han solucionado el problema ni se ha dejado de derivar agua de nuestro río. Estas campañas ocultaban también la desastrosa gestión de Zapatero cuando la primera decisión que tomó como presidente del Gobierno fue suspender el Plan Hidrológico Nacional, que había puesto de acuerdo a los principales afectados para que, entre otras cosas, el Tajo no fuera el único río cedente de agua al Levante y Andalucía.

La información de ABC, firmada por Marisa Gallego, ha desvelado algunas cuestiones importantes, rozando el escándalo, que se han visto en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional sobre el caso Acuamed. Entre ellas la campaña promovida por el Ejecutivo socialista a favor de la desalación y en contra del trasvase del Ebro. El 8 de julio de 2007 el Ministerio dirigido por Cristina Narbona presentó la campaña informativa “El mar, fuente inagotable de vida”, que se llevaría a cabo durante el mes de agosto repartiendo 500.000 botellines de agua desalada en las principales playas de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía.

Estos son los puntos más destacados de la información de ABC:

-- A finales de julio, el Consejo de Ministros fue informado de que el Ministerio de Medio Ambiente autorizaba a Acuamed, dirigida entonces por Adrián Baltanás, a realizar una campaña en el ámbito de la cuenca mediterránea. El «Programa del Agua» arrancó en noviembre de 2007, a cuatro meses de las elecciones generales, y supuso unos gastos de casi 7 millones y medio de euros en publicidad.
Bassat Ogilvy debía emitir facturas a las compañías que intervenían como adjudicatarias en las obras de las distintas plantas de desalación, como figura en el contrato con Acuamed, reclamando así a las constructoras el 1% que habían recibido en adjudicaciones en anuncios.

-- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción revela en el sumario del caso Acuamed, un informe con las facturas abonadas a Bassat por empresas adjudicatarias de diferentes desaladoras, por valor y en proporción al importe del contrato, que supuso un total de 5.854.884,00 euros «a modo de colaboración».

-- El informe de la UCO se centra en la planta desaladora de Torrevieja (Alicante), que preveía garantizar los regadíos del trasvase Tajo Segura. Lo que todavía no ha investigado la Fiscalía Anticorrupción es qué ocurrió con el «impuesto revolucionario» pagado durante la etapa socialista por las otras constructoras que aparecen en el informe de la Guardia Civil.

-- El Ejecutivo de Zapatero apostó por las desaladoras para compensar la derogación del trasvase del Ebro, a pesar de las reticencias de los agricultores y de su alto coste energético. No previó que la crisis reventaría la «burbuja» inmobiliaria, y con ello la demanda de agua prevista. Sólo la planta de Torrevieja, uno de los iconos de la política puesta en marcha por Narbona, requiere de una potencia eléctrica equivalente al consumo de una ciudad de 100.000 habitantes a pleno rendimiento.

-- La inversión total prevista del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 fue de unos 19.007 millones de euros y se estimaba la recuperación de esa inversión a 45 años.
 
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