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 EL COMENTARIO ENRIQUE SÁNCHEZ LUBIÁN 
COLABORACIÓN

Urge un Sigre en Arkansas

16/03/2017 . Comparte esta noticia en FacebookComparte esta noticia en TwitterAñadir a del.icio.usAñadir a YahooRSS
Enrique Sánchez Lubián
¿Qué hace usted con los medicamentos caducados o que están próximos a hacerlo? Seguramente los llevará al punto SIGRE de su farmacia para que sean eliminados convenientemente. Esa práctica parece ser desconocida por Asa Hutchinson, gobernador de Arkansas, quien acaba de firmar las órdenes para que ocho personas sean ejecutadas en el mes de abril. Entre las razones esgrimidas para acelerar tales sentencias se dice que uno de los medicamentos básicos para aplicar las inyecciones letales a los condenados (un ansiolítico que les deja inconscientes) está a punto de caducar y las empresas farmacéuticas son cada vez más reacias a venderlo para tal fin. Estos ocho presos ya han agotado todos sus recursos legales.

Tras una década sin aplicarse la pena de muerte en Arkansas por problemas con el suministro de inyecciones letales, en 2015 el gobernador Hutchinson, del partido republicano, anunció su reanudación. Si las ocho órdenes no son revocadas, ésta será la mayor ejecución en masa realizada en Estados Unidos desde que en 1977 se reinstauró la pena máxima. En estas décadas más de 1.300 personas han sido ejecutadas allí. Y aunque su número ha disminuido en estos últimos años –veinte en el pasado-, el castigo capital se mantiene en una treintena de Estados, siendo EEUU el quinto país del mundo en ejecuciones materializadas tras China, Irán, Pakistán y Arabia Saudí.

La abolición de la pena de muerte es uno de los objetivos fundacionales de Amnistía Internacional, organización que desde su creación puso el foco en impedir la ejecución de presos de conciencia en todo el mundo. Esa reivindicación se extiende hoy a todos los ámbitos, defendiendo que la pena de muerte es un castigo cruel e innecesario que atenta contra los derechos humanos. Poco a poco sus campañas ganan terreno. En 140 países ya está abolida por ley o en la práctica. Pero frente a ese dato, alentador, la realidad impone un duro panorama: en 2015 fueron ejecutadas 1.634 personas, número que representa un aumento del 50% respecto al año anterior.

Esa cifra seguramente sea mayor, pues en algunas naciones, como China, el secretismo sobre la pena de muerte es férreo. Y es que la misma suele ser la punta del iceberg de sistemas políticos antidemocráticos donde no se respetan ni la libertad ni los derechos humanos, manteniendo prácticas judiciales opacas y utilizándola como elemento de coacción política y social. Por eso indigna tanto que en lugares del primer mundo como Nebraska tan deleznable práctica se mantenga, cuestionándose no desechar unos viales de potente sedante por la vida de ocho personas.
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