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FUNDACIÓN VIRTUS

Cinco profesores de la región exhaustos se van al juzgado a reclamar sus 13 nóminas pendientes
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Los cinco profesores de Mantenimiento Aeronáutico de la Fundación Virtus de Puertollano (Ciudad Real) han demandado ante el juzgado de lo Social a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y a la Fundación Virtus, por el impago de las once últimas mensualidades de sus nóminas y pagas extras.
Los profesores han tomado la decisión de reclamar judicialmente el pago de las nóminas que se les adeudan "tras varios internos por aclarar su situación laboral y cobrarlas", según explicado esta tarde en rueda de prensa su abogado Luis Javier Fernández.
"La situación es ya crítica", ha advertido el letrado, quien ha denunciado que desde la Consejería se han hecho presiones para que estos profesores firmen un contrato temporal de noviembre a junio "para que renuncien a sus derechos salariales y antigüedad".
Sin embargo, no están dispuestos a firmar ese contrato laboral "a pesar de las amenazas de ser sustituidos fulminantemente", ha afirmado Fernández, quien ha aclarado que si lo firmaran supondría renunciar a los derechos hasta ahora conseguidos y "firmar a la vez su contrato de defunción".
Trilerismo institucional
El abogado ha aseverado que se está practicando "trilerismo institucional", porque la Fundación Virtus "está desaparecida en combate" y la Consejería de Educación, que se había comprometido a pagar las nóminas, "ahora evade toda responsabilidad del pago de las nóminas de los trabajadores".
Según Fernández, la Fundación Virtus -cuyo único patrono es el Ayuntamiento de Puertollano- y la Consejería de Cultura están intentando crear confusión "para disfrazar sus responsabilidades sobre estos trabajadores que no han dejado de trabajar ni un solo día y que acuden a su trabajo puntualmente y sin cobrar las últimas nueve nóminas además de las dos pagas extraordinarias".
Además, podría estar cometiéndose en un delito tipificado en el Código Penal, porque está habiendo "un abuso de situación de necesidad", sobre unos trabajadores, "que lo único que reclaman es un salario acorde a su contrato laboral que sigue vivo", ha añadido.
"No se puede hacer borrón y cuenta nueva vulnerando la norma más elemental", ha avisado el abogado, quien entiende que la Consejería (como nueva empresa) debe asumir las responsabilidades salariales, de seguridad social y de derechos sociales que el anterior empresario (Fundacion Virtus) tenía pactadas con los profesores.  |
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