El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes, Fernando Mora, ha criticado que la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real haya abierto expediente sancionador a varios profesionales sanitarios que desempeñan su labor en el Hospital de Manzanares (Ciudad Real) por manifestarse el pasado 31 de enero en contra de la privatización del mismo anunciada por el Gobierno regional.
Mora ha asegurado en rueda de prensa que están llegando denuncias personalizadas a los asistentes a dicha protesta, algo con lo que la Subdelegación del Gobierno "está tratando de amedrentar a la gente para que no se manifieste".
Según el diputado regional, el día de la concentración a las puertas del Ayuntamiento de Manzanares ningún miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad identificó a los asistentes "y a ninguno de los concurrentes se les advirtió de que la manifestación no estaba autorizada ni se les conminó a que la abandonaran".
El contenido del expediente sancionador
En uno de los expedientes sancionadores, al que ha tenido acceso Europa Press, la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real explica que unas 130 personas se concentraron en la Plaza de la Constitución frente al Ayuntamiento coincidiendo con la celebración del Pleno municipal "protestando por la privatización del Hospital de Altagracia de la localidad".
Añade además que a la finalización del Pleno, el alcalde, Antonio López de la Manzanara, y el equipo de Gobierno abandonaron las dependencias cuando los participantes de la protesta "procedieron a increpar e insultar a todos ellos y en especial al alcalde", por lo que la Guardia Civil procedió a montar un cordón de seguridad "para evitar incidentes mayores".
Al tratarse de una concentración "que no había sido comunicada a la autoridad gubernativa e ignorándose la identidad de las personas convocantes", el expediente sancionador acusa al denunciado de "encabezar la concentración, informar a los participantes de lo que debían hacer, iniciar la marcha tras el alcalde por las calles del pueblo, repartir carteles entre los participantes con caricaturas de la presidenta de la Junta, María Dolores de Cospedal, y realizar fotografías de todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que había desplegados".
El expediente considera que estos hechos "pueden constituir una infracción administrativa grave" por los que el acusado podría ser sancionado "con una multa de entre 300 y 30.050 euros".
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