CSI.F pide al Gobierno regional la "retirada inmediata" de la Ley de Empleo Público

Imprimir  Enviar  Fuente     Facebook  Twitter  Del.icio.us  Yahoo  RSS		EDCM/EFE 22/02/2012 . El sindicato CSI.F ha pedido al Gobierno regional la "retirada inmediata" de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha aprobada por el anterior Ejecutivo de Barreda tras la sentencia del Tribunal de la Región y advierte que podría pasar "lo mismo" con la Ley de Medidas Complementarias al Plan de Ajuste aprobada ayer en las Cortes Regionales. No obstante, en la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha se anula el acuerdo del Consejo de Gobierno que en diciembre de 2010 aprobó el proyecto de ley de Empleo Público por no incluir el dictamen del Consejo Consultivo, pero, la "nulidad no puede alcanzar en sus efectos a una ley aprobada después en las Cortes", se indica en el fallo. A raíz de esta sentencia el sindicato CSIF, mayoritario en la Función Pública de la región, pide al nuevo ejecutivo de Cospedal que "se abra un nuevo proceso negociador con los representantes de los trabajadores". CSI.F, que se opuso en su día a la citada Ley de Empleo Público, "exige la retirada inmediata de la misma ante las irregularidades detectadas en su procedimiento, que la invalidan completamente". La Ley de Medidas Complementarias corre riesgo Al hilo de lo sucedido con la Ley de Empleo Público, CSI.F advierte al nuevo Ejecutivo regional del "riesgo que corre" con la aprobación ayer en las Cortes de la Ley de Medidas Complementarias al Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos (plan de ajuste) a la hora de su aplicación por las "importantes modificaciones" desde que se presentó a los sindicatos hasta su aprobación ayer en el Parlamento regional. La oposición de CSI.F a las medidas contempladas en la actual ley no le impide -afirma en el comunicado- recomendar al Gobierno regional que "cumpla escrupulosamente" la legalidad o abra un período de negociación adecuado para consensuar las medidas y asegurar su temporalidad pues, de otro modo, "se arriesga a cometer los mismos errores en la tramitación". Ello generaría confusión y desconfianza en el Ejecutivo, afirma el sindicato, así como "dudas razonables" sobre la precipitación de su tramitación parlamentaria.