POLÉMICA

Sube de tono el cruce de acusaciones políticas por el aparcamiento "ilegal" de Cuenca

Darío Dolz, alcalde de Cuenca Darío Dolz, alcalde de Cuenca

El equipo de Gobierno de Darío Dolz en el Ayuntamiento de Cuenca se ha hecho alusión a hasta cuatro documentos procedentes del expediente del parking de Astrana Marín, así como a la reclamación registrada por la empresa concesionaria en la que insta al cierre de la parcela de Antonio Maura por ser una zona de aparcamiento ilegal, tal y como refleja el informe del secretario aprobado en la Junta de Gobierno Local del 9 de octubre de 2017, con el PP en la Alcaldía.

De este modo, el Ayuntamiento ha desmentido en nota de prensa las declaraciones hechas este martes por el portavoz del Grupo Municipal Popular, José Ángel Gómez Buendía.

Desde el equipo de Gobierno señalan que, "más allá de las evidencias jurídicas que implican estos documentos, la empresa ha exigido al Ayuntamiento de Cuenca el cierre de la explanada basándose en un documento, el del secretario general, que aprobó el Partido Popular en Junta de Gobierno Local y en el que declara que se trata de un aparcamiento ilegal".

"¿Quiere usted decir que de estar gobernando no habría cumplido los acuerdos que usted sabe que alcanzó con la empresa, como es el cierre de la explanada de Antonio Maura, sabiendo que el Ayuntamiento sería denunciado por ello? El señor portavoz 'popular' sabe que se comprometió a ello y sabe que el Consistorio se podía enfrentar a una demanda de no cumplir esta cuestión", ha subrayado.

Documentos

El primero de los documentos, el estudio de viabilidad presentado por la empresa, según indica, instaba al Ayuntamiento de Cuenca, entre otras medidas, a la "eliminación de las zonas de aparcamiento ilegal en las explanadas existentes al otro lado de la línea del ferrocarril".

Según añade, dicho estudio se trató en la citada Junta de Gobierno Local, a la que se llevó también un informe del secretario en el que se estipula que "es cierto que existe un aparcamiento no regulado en las explanadas junto a la línea del ferrocarril. En tal sentido ha de indicarse que el planeamiento y la licencia urbanística deben resolver este hecho, pero actualmente el uso del suelo en ese lugar no es el indicado y no cuenta con licencia municipal".

De hecho, manifiesta que el acta de esta Junta de Gobierno Local, certificada por el propio José Ángel Gómez Buendía, indica que "en atención al informe del secretario general de fecha 8 de octubre de 2017, como documento sobre los que se motiva el presente acuerdo aprobar el estudio de viabilidad estimando y desestimando las alegaciones presentadas según el informe jurídico indicado".

El pliego de las cláusulas económico-administrativas, y contrato por su parte, ya indica a su inicio que "en caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentación que reviste carácter contractual, prevalecerá el presente pliego".

Más adelante indica que "según la aprobación por la Junta de Gobierno Local del estudio de viabilidad de fecha 9 de octubre de 2017, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas necesarias contempladas en el desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Cuenca que se resolverían según la cláusula 30 del presente pliego".

Dicha cláusula 30, referente a los derechos del concesionario, insta al "derecho a recabar de la entidad local la realización de cuantas acciones sean necesarias para hacer viable el ejercicio de los derechos del concesionario".

Reclamación patrimonial

A esto suma la reclamación registrada por la empresa concesionaria contra el Ayuntamiento de Cuenca, que va en la misma línea. Tras un repaso por la evolución del proceso, se refiere a la misma Junta de Gobierno Local de 9 de octubre de 2017, en la que aprueba definitivamente el estudio de viabilidad "en el que se incluye el informe jurídico del secretario general" en la que se acepta la medida de eliminación de aparcamiento ilegal.

"Que lógicamente el hecho de que existan aparcamientos ilegales en la zona de influencia de nuestro parking supone los lógicos daños y perjuicios ocasionados al concesionario de la explotación, ya que supone de facto una competencia desleal debido a que cualquier vehículo puede aparcar gratis en una zona completamente ilegal, con un uso totalmente incompatible para el aparcamiento de vehículos", argumenta.

Circunstancia que, según añade, la empresa constructora y concesionaria habló desde el primer día con el anterior concejal de Hacienda, José Ángel Gómez Buendía.

En base a ello, insiste el equipo de Gobierno, la empresa ha exigido al Ayuntamiento de Cuenca el cierre de la explanada basándose en el informe del secretario general que aprobó el PP en Junta de Gobierno Local y en el que declara que se trata de un aparcamiento ilegal.

Lo que dice el PP

El grupo popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha asegurado que no existía ninguna obligación por parte del Consistorio de cerrar al aparcamiento la explanada de Antonio Maura por un acuerdo con la empresa concesionaria del aparcamiento de Astrana Marín, por un acuerdo de la pasada legislatura.

Asimismo, los 'populares' han acusado al alcalde socialista Darío Dolz de "mentir", por decir que la decisión de cerrar la explanada se ha hecho con arreglo a un acuerdo de la pasada legislatura, en la que la ciudad estuvo gobernada por el PP, con Ángel Mariscal como regidor.

El portavoz del grupo popular, José Ángel Gómez, ha subrayado que el anterior Gobierno municipal rechazó, tras recibir un informe de Secretaría, la mayoría de las propuestas que había realizado la empresa en el estudio de viabilidad, y ha sostenido que ni en el pliego de adjudicación del aparcamiento ni en el contrato se recogió la obligación de cerrar la explanada.

En rueda de prensa, Gómez ha avanzado que en el próximo pleno los concejales 'populares' exigirán a Dolz que presente la documentación donde en teoría se refleja esa obligación porque "no hay nada", según ha aseverado, y ha mantenido que si el equipo de gobierno ha decidido cerrarla ha sido una decisión suya.

Gómez, que fue portavoz del Gobierno de Ángel Mariscal, ha explicado que en su momento tomaron la decisión de hacer el aparcamiento porque "habría salido 'más caro' tapar el agujero" que había desde hacía años en República Argentina.

Asimismo, ha indicado que las únicas propuestas aceptadas del estudio de viabilidad fueron la exención del canon anual que tenía que pagar la empresa, la finalización de la obra exterior y la compra, por parte del Ayuntamiento, de 65 plazas que finalmente quedaron en 60.

Y ha sido muy crítico con el actual equipo de gobierno municipal por permitir que los coches de la Policía Nacional aparquen en la calle Astrana Marín, "que es peatonal", mientras que en el aparcamiento hay 16 plazas reservadas para este cuerpo policial.

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