EL CONSTITUCIONAL DA LA RAZÓN A LA COMUNIDAD

El Gobierno de Page le gana a Rajoy la última batalla con la Ley Antifracking de Castilla-La Mancha

El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno de Castilla-La Mancha y ha declarado constitucional una parte de la Ley Antifracking de la Comunidad Autónoma recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de diciembre y por la cual esta normativa se mantenía en suspenso.

Según la sentencia del Tribunal Constitucional, recogida por Europa Press, se da así validez a una disposición por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, parte del texto que fue recurrido por decisión del Consejo de Ministros del 22 de diciembre de 2017.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy invocaba el artículo 161.2 de la Constitución "a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad". Asimismo, consideraba que la técnica del 'fracking', al estar ya sujeta a la evaluación previa de su impacto ambiental, ya cuenta con "la necesaria protección ambiental".

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra varios preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protección de salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburo utilizando la técnica de la fractura hidráulica, más conocida como 'fracking'.

El TC admitió a trámite el recurso, procedimiento por el cual se suspendía la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, decisión que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución, por el cual el Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. Esta impugnación provocó la suspensión de la disposición.

El consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha aprovechado la noticia para transmitir su "satisfacción y orgullo" ante el pronunciamiento, tras lo que ha agradecido a las distintas plataformas antifracking de la Comunidad Autónoma por su trabajo y apoyo durante todo el proceso.

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