18 de noviembre de 2019
Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Síguenos en Google+
Buscar
Publicidad Suscripción al boletín

SENTENCIA DEL PROCESO INDEPENDENTISTA

El Supremo condena a Oriol Junqueras a 13 años de prisión, 11,5 a Forcadell y 9 a los Jordis

Oriol Junqueras, en una imagen de archivo
Oriol Junqueras, en una imagen de archivo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a 13 años de prisión al líder de ERC y exvicepridente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, por los delitos de rebelión y de malversación de fondos públicos, informaron fuentes jurídicas. Por su parte, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que en el momento de producirse los hechos juzgados eran respecticamente los líderes de la ANC y Omniun Cultural han sido condenados a 9 años de prisión. La exvicepresidenta del Parlament, Carmen Forcadell, ha sido condenada a 11 años y medio de prisión.

 La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación al exvicepresident de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras mientras que no todos su exconsejeros han sido penados por este último delito, del que se ha absuelto a Josep Rull y Joaquim Forn por los hechos ocurridos durante el otoño de 2017 en Cataluña. Los tres exconsejeros que siguieron el juicio en libertad sólo han sido condenados por desobediencia a 10 meses de multa.

Las penas impuestas serían: 13 años para Junqueras y 12 años para los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa por sedición y malversación; Joaquim Forn y Josep Rull son condenados a 10 años y medio de cárcel por sedición y por el mismo delito se condena a Carme Forcadell a 11 años y medio de cárcel. Los líderes sociales Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural) son condenados a 9 años de cárcel.

Sedición y no rebelión

El Tribunal Supremo ha condenado por sedición, y no por rebelión, a nueve exdirigentes catalanes porque cree que los hechos ocurridos en Cataluña en el otoño de 2017 fueron insuficientes para "imponer de hecho la efectiva independencia territorial y la derogación de la Constitución en el territorio catalán".

"Dicho con otras palabras, es violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima o un escenario en que se haga más viable una ulterior negociación", explica el tribunal presidido por Manuel Marchena.

La sentencia, que se ha hecho pública al filo de las nueve y media de la mañana, afirma que "bastó una decisión del Tribunal Constitucional para despojar de inmediata ejecutividad a los instrumentos jurídicos que se pretendían hacer efectivos por los acusados". "Y la conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de unas páginas del Boletín Oficial del Estado que publicaban la aplicación del 155 a la comunidad autónoma de Cataluña", apunta.

"Este hecho determinó a alguno de los procesados a emprender repentina huida. Los acusados que decidieron permanecer desistieron incondicionalmente de la aventura que habían emprendido", afirma la Sala, que añade que la exclusión del delito de rebelión está justificada, no sólo por razones objetivas ligadas a la falta de funcionalidad de la violencia, sino también por razones subjetivas, como por ejemplo, el hecho de que "todos los acusados eran conscientes de la inviabilidad jurídica de un referéndum de autodeterminación".

Las penas

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado este lunes su sentencia sobre los 12 acusados de promover el denominado 'procés' independentista en Cataluña durante el otoño de 2017. Este es el veredicto para cada uno de los enjuiciados, de los que nueve están cerca de cumplir dos años en prisión provisional:

- ORIOL JUNQUERAS: Ex vicepresidente del Govern y ex Consejero de Economía y Hacienda.

Condenado a 13 años de cárcel y a 13 años de inhabilitación absoluta por delitos de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. Fiscalía pedía 25 años de prisión y los mismos de inhabilitación por rebelión agravada en su condición de líder y malversación de fondos públicos. Abogacía solicitaba 12 años de cárcel por sedición y malversación. La acusación popular ejercida por VOX pidió 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

- JORDI TURULL: Exconsejero de Presidencia y portavoz del Govern.

Condenado a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. Fiscalía pidió 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicitó 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación. La acusación popular reclamaba 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

- RAÜL ROMEVA: Exconsejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia.

Condenado a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. Fiscalía pedía 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicitó 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación. La acusación popular reclamaba 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

- DOLORS BASSA: Exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.

Condenada a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. Fiscalía pidió 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicitó 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación. La acusación popular de VOX pedía 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

- CARME FORCADELL: Expresidenta del Parlament,

Condenada a 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta por delito de sedición. La Fiscalía pidió 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicitó 10 años de cárcel por sedición. La acusación popular ejercida por VOX pidió 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.

- JOAQUIM FORN: Exconsejero de Interior.

Condenado a 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito de sedición. Fiscalía pidió 16 años de prisión y los mismos inhabilitado por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicitó 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación. La acusación popular pedía 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

- JOSEP RULL: Exconsejero de Territorio y Sostenibilidad.

Condenado a 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito de sedición. Fiscalía pidió 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicitó 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación. La acusación popular reclamaba 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

- JORDI SÀNCHEZ: Expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Condenado a 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por un delito de sedición. La Fiscalía pidió 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicitaba 8 años de cárcel por sedición. La acusación popular de VOX pidió 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.

- JORDI CUIXART: Presidente de Òmnium Cultural.

Condenado a 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por un delito de sedición. La Fiscalía pidió 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicitaba 8 años de cárcel por sedición. La acusación popular reclamaba 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.

Exconsejeros en libertad

- MERITXELL BORRÀS: Exconsejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda.

Condenada a 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial por un delito de desobediencia. Absuelta del delito de malversación. La Fiscalía pidió 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia. La Abogacía del Estado solicitó 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros por sedición y malversación. La acusación popular reclamaba 24 años de prisión y multa de 216.000 euros por un delito organización criminal y malversación.

- CARLES MUNDÓ: Exconsejero de Justicia.

Condenado a 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial por un delito de desobediencia. Absuelto de un delito de malversación. La Fiscalía pidió 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia. La Abogacía del Estado solicitó 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros por sedición y malversación. La acusación popular pedía 24 años de prisión y multa de 216.000 euros por un delito organización criminal y malversación.

- SANTIAGO VILA: Exconsejero de Empresa y Conocimiento.

Condenado a la penas de 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial por un delito de desobediencia. Absuelto del delito de malversación. La Fiscalía pedía 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia. La Abogacía del Estado solicitó 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros por sedición y malversación. La acusación popular pedía multa por un delito de desobediencia.

COMPARTIR: