14 de diciembre de 2017
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RECHAZADA LA ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PP

PSOE y Podemos sacan adelante la ley que ha enfadado a los funcionarios

Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas. Fotos: Héctor Martín.
Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas. Fotos: Héctor Martín.

El pleno de las Cortes ha rechazado este jueves, con los votos de los 15 diputados del PSOE y los dos de Podemos, la enmienda a la totalidad presentada por el PP al proyecto de Ley en Materia de Gestión y Organización de la Administración y otras Medidas Administrativas, que ha sido recibida con polémica y enfado por parte de los empleados públicos de Castilla-La Mancha.

El portavoz del PP, Lorenzo Robisco, ha pedido la devolución de este proyecto de ley que, ha criticado, introduce modificaciones que ha calificado de "chanchullos", y para lo cual, además, el Gobierno se vale de hacerlo en pleno mes de agosto, ha lamentado.

Según Robisco, este proyecto legislativo favorecerá la "especulación" urbanística y los "pelotazos" con la modificación de la Lotau (Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística), así como dará lugar a una desigualdad en la función pública por la que el Gobierno se permitirá "colocar a amiguetes" y ponerles un "sueldo de por vida".

"Bienvenidos, señores de la casta que tocan asuntos presupuestarios, dinero que proviene del Estado y con el que hacen lo que les da la gana y colocan a amigos y familiares en el empleo público", ha añadido el diputado del PP en referencia a los nuevos miembros de Podemos presentes en la Cámara.

En ese sentido, los sindicatos STAS y CSIF se han quejado amargamente. El primero de ellos ha denunciado que la Ley en Materia de Gestión y Organización de la Administración y otras Medidas Administrativas significa, entre otras cosas, que “todas las personas que pasen a la situación administrativa de servicios especiales consolidarán por el desempeño de dichos cargos públicos desde su nombramiento el grado personal en idénticos términos a los previstos en la regulación de la carrera profesional para los funcionarios en el desempeño de puestos de trabajo con carácter definitivo”. "En la práctica supone una transgresión a la carrera profesional del personal funcionario de la Junta, que sigue sin desarrollarse, y que va a ver como que mientras un alto cargo consolida el grado máximo en un tiempo récord, el resto de personal tiene que esperar décadas para conseguirlo, y si es que al final lo hace", ha añadido el sindicato.

Por su parte, CSIF ha anunciado que PSOE y Podemos "tendrán nuestro total enfrentamiento y movilización contra esta fechoría veraniega, que viene a incrementar los privilegios de la casta frente a los ciudadanos de a pie y que se ha hecho al margen de la Mesa General, lo que demuestra su desprecio a la legítima representatividad de los trabajadores". 

Llorente pide escuchar a los sindicatos pero no apoya al PP

Por su parte, el diputado de Podemos David Llorente ha manifestado su rechazo a la enmienda a la totalidad del PP porque, ha dicho, no se sostiene. Ha precisado, no obstante, que el proyecto de ley es "mejorable" y "cuestionable en algunos aspectos", por lo que deberá ser enmendado en comisión.

Además, ha abogado por escuchar a los sindicatos en lo referido a las modificaciones de las carreras profesionales de los funcionarios y tratar el tema en la mesa general de la función publica.

El diputado socialista Rafael Esteban también ha señalado que votan en contra de la enmienda a la totalidad porque no contiene nada que mejore las condiciones de los castellano-manchegos.

Mejorar la gestión pública

Por su parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado que el proyecto de Ley en Materia de Gestión y Organización de la Administración y otras Medidas Administrativas tiene como objetivo mejorar la gestión pública desde un punto de vista técnico y normativo, lo que supondrá un impacto social beneficioso para los ciudadanos.

Se avanza en la modernización de la Administración regional para hacer un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos, ha manifestado el consejero.

Entre otras medidas, ha mencionado que se establecen las notificaciones electrónicas como el medio preferente en el procedimiento administrativo con el ciudadano.

Además, se incrementa el porcentaje de reducción autonómica de las sanciones hasta un máximo del 50 por ciento sobre el importe de la sanción propuesta inicialmente.

También se le dota de mayor agilidad al procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a los servicios y prestaciones del Sistema de Atención a la Dependencia.

Se introduce una modificación en las actuaciones de emergencia ciudadana reguladas con el fin de que tengan un carácter prioritario en su tramitación y resolución sobre el resto de sus competencias.

Además, ha continuado el consejero, se amplía el objeto social de la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) para adaptarla a las nuevas necesidades que requiere el sector público.

Se permite, por ejemplo, según ha indicado, la actuación de la empresa en tareas de emergencia y protección civil o la posibilidad de la gestión y promoción del patrimonio cultural como medio eficaz de desarrollo rural, como también podrá realizar proyectos y programas relacionados con la conservación del medio ambiente.

Por otra parte, se incluirá el Centro de Investigaciones Agropecuarias 'Dehesón del Encinar' entre los centros adscritos al Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla la Mancha.

Adaptarse a la realidad

Ruiz Molina ha explicado que se plantean una serie de modificaciones de leyes sectoriales con el objeto de adaptar determinados aspectos de su articulado a la realidad socioeconómica actual e incrementar su eficacia y eficiencia en la prestación de sus servicios y en la gestión de los recursos económicos.

En ese sentido, ha dicho que se modifica la Ley de Ordenación del Turismo en Castilla-La Mancha, con el objetivo de modernizar el sector y dotarlo de mayor seguridad.

Otra de las leyes sectoriales afectadas es la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que se adapta a las nuevas regulaciones de la Ley estatal del Suelo y Rehabilitación Urbana con el fin de mejorar procedimientos para la rehabilitación urbana en municipios y regular un instrumento legal con el que flexibilizar la regulación del suelo urbano.

Y otro bloque, ha concluido el consejero, comprende medidas para promover una mayor eficiencia en la gestión presupuestaria, favoreciendo las generaciones de crédito como consecuencia de los recursos provenientes del Estado.

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