JUICIO EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL

El principal acusado de matar a un empresario de Toledo pide perdón a su familia y amigos

Audiencia Provincial de Toledo. Imagen de archivo
Audiencia Provincial de Toledo. Imagen de archivo

El principal acusado del secuestro y muerte del empresario de Illescas (Toledo) José Luis Vázquez Escarpa en mayo de 2014, Óscar del P.G., ha pedido este miércoles "perdón" a la familia y amigos de la víctima en el uso de la última palabra en la segunda sesión del juicio que ha quedado visto para sentencia.

Un juicio en la Audiencia Provincial de Toledo al que los siete acusados restantes no han tenido que acudir en esta segunda sesión después de que en el día de ayer acordaran las penas de prisión que se le van a imponer y se declararan culpables y admitieran su participación en los hechos.

Óscar del P.G., que ha asistido al juicio por videoconferencia desde la cárcel de Estremera (Madrid) y para el que el fiscal ha pedido 10 años y medio de cárcel, se ha dirigido a la familia y amigos de José Luis Vázquez para pedirles "perdón", sobre todo "a sus padres", a sabiendas de que "nada de lo que diga ni va a reparar el daño que he causado ni va a aliviar el dolor".

"Lo que hice no tiene perdón de Dios, sé que merezco lo mismo que yo hice, lo siento y pido perdón porque no puedo hacer otra cosa más", ha dicho. Con sus palabras se ha cerrado la segunda y última sesión del juicio, en la que han intervenido los guardias civiles que instruyeron las diligencias del caso, así como otros agentes peritos y el agente que asumió la dirección del operativo de búsqueda del cuerpo del empresario, que nunca apareció.

Los instructores del caso, del grupo de delitos contra las personas de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, han testificado que la investigación comenzó con respecto a dos vehículos que fueron utilizados en el secuestro como corroboran las cámaras de seguridad en el entorno del polígono industrial 'San Gil' de Illescas y de la zona empresarial de Madrid donde se produjo la entrega del dinero a cambio de la libertad del secuestrado.

Las pesquisas les llevaron a Óscar del P.G., al que han definido como una persona "con peligrosidad" que estaba "en la cúspide de la pirámide delincuencial" del grupo que lideraba y que planeó el secuestro del empresario toledano, y que "ordenaba lo que tenía que hacer cada uno", según las intervenciones telefónicas que obran en la causa.

Además, uno de los agentes ha precisado que el momento de la detención se precipitó porque estaban programando un nuevo secuestro en las mismas condiciones, con la intención de secuestrar a una nueva víctima, tenerla retenida un día y "empezar a torturarla cortándole orejas y dedos", mientras intentaban obtener dinero, para al final meter el cuerpo en ácido sulfúrico o comprar una pala y enterrarlo.

Sobre la autoría de la muerte atribuida a Óscar del P. G., han dicho que otro de los acusados dijo mientras conversaba con otro de los procesados por el secuestro que "se le había ido la mano al grande", haciendo referencia a la corpulencia física del homicida confeso. En cuanto a la víctima, los agentes se han mostrado "plenamente convencidos" de que está muerta y, en relación a la elección de la misma por parte de los secuestradores, han indicado que fue porque "disponía de dinero negro y podían quedar con él a solas".

Posteriormente, ha declarado el guardia civil que asumió la dirección del operativo de búsqueda del cuerpo durante cuatro días, que ha señalado que el acusado que les acompañó hasta el lugar señalado en un plano -entre la antigua estación de Algodor y Mocejón- no era Óscar del P. G. sino Alberto V. D., y que este último le dijo que él había tirado el cuerpo al río y que iba solo cuando lo hizo.

Sin embargo, tanto el fiscal como la defensa han coincidido en matizar, durante las conclusiones finales, que en las actuaciones del caso consta que Óscar del P.G. dijo que él se deshizo del cuerpo del empresario y colaboró en la elaboración del plano para la búsqueda aunque, no obstante, no acudió hasta el punto determinado "por razones de seguridad", según el fiscal. 

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