14 de noviembre de 2019
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TERCER SECTOR

Importante paso para la ley social más demandada en Castilla-La Mancha

El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley del Tercer Sector Social, que hasta ahora no tenía ninguna normativa de ordenación y con el que se establecerá un marco jurídico común para las entidades que lo integran.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha informado este martes en rueda de prensa sobre los acuerdos adoptados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Ha explicado que la Ley del Tercer Sector Social es "sencilla y concreta" y que tiene cuatro objetivos básicos: definir qué es el tercer sector social, impulsar la cooperación de entidades tanto entre sí como con relación al sector público, crear una comisión para el diálogo civil y establecer una estrategia de promoción del tercer sector.

Sánchez ha indicado que, según un estudio de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), en Castilla-La Mancha hay 3.500 entidades del tercer sector activas y 5.000 registradas; cuentan con 6.000 profesionales contratados y atienden a 385.000 personas, además, un 81 % de las entidades cuenta con voluntarios.

Con la nueva ley se podrá contar con un inventario de entidades que conforman el tercer sector social.

La nueva ley consta de cuatro capítulos, 13 artículos, cinco disposiciones adicionales y tres disposiciones finales, ha explicado la consejera, quien ha añadido que se define como tercer sector un conjunto de entidades de carácter privado, que han surgido de la iniciativa ciudadana bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad y participación social, con fines de interés general y sin ánimo de lucro, y que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales o culturales, especialmente para personas vulnerables o en riesgo de exclusión social.

En cuanto a impulsar la cooperación y colaboración entre entidades y con el sector público, la consejera ha señalado que se busca contribuir a que la administración regional sea más abierta y participativa, con la aportación cualificada del tercer sector en las áreas que están trabajando, como servicios sociales, dependencia, atención sociosanitaria, atención socioeducativa, sociolaboral, desarrollo rural o cooperación internacional.

Asimismo, se propone la creación de una comisión para el diálogo civil, que será paritaria, y en la que estarán representadas la administración autonómica y la mesa del tercer sector social para impulsar un foro de diálogo, colaboración y cooperación permanente, para coordinar todas las acciones y derechos sociales.

Con esta futura norma, se crea también una estrategia de promoción del tercer sector social, con una vigencia de cuatro años, que según la consejera "garantizará la participación de las entidades del tercer sector para que puedan continuar gestionando proyectos, fundamentalmente con los colectivos más vulnerables de la sociedad.

Una vez que el Consejo de Gobierno ha tomado en conocimiento esta ley, pasará al Consejo Consultivo para que más adelante pueda volver al Consejo de Gobierno y se pueda presentar en las Cortes de Castilla-La Mancha. 

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