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Propuesta de los ribereños para "mejorar" las reglas del trasvase Tajo-Segura

La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha entregado al secretario de Estado de Medio Ambiente un informe donde se contempla una propuesta de mejora de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

La asociación ha indicado este miércoles, en una nota de prensa, que la finalidad del informe es analizar el funcionamiento de las reglas de explotación, conocer cuáles son las razones por las que la situación de excepcionalidad hidrológica es habitual y proponer un cambio de los parámetros de dichas reglas.

El vocal de la asociación en la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura Francisco Pérez Torrecilla ha dicho que han solicitado formalmente que esta propuesta sea tenida en cuenta y discutida en el seno de la Comisión o en una reunión bilateral entre técnicos del ministerio y de la asociación.

“Nuestro objetivo último es el cierre de una infraestructura sobredimensionada de base e insostenible empíricamente, pero de momento y hasta 2021 queremos una oportunidad de sobrevivir y, con las reglas actuales, como estamos sufriendo este verano, es imposible”, ha agregado.

La propuesta de modificación de los ribereños propone elevar el umbral de reservas de 1.300 hm3 a 2.000 hm3 para entrar en Nivel 1, y elimina la posibilidad de que se pueda entrar en este nivel cuando las aportaciones de los 12 meses anteriores superen unas determinadas aportaciones (actualmente 1.200 hm3).

En el Nivel 2, la cantidad que se trasvasa actualmente (38 hm3/mes, que mantenida 12 meses es 456 hm3/año) es desproporcionadamente alta, según los ribereños, que plantean 20 hectómetros, así como proponen rebajar también el máximo trasvase a autorizar en Nivel 3 a 10 hm3/mes, con la finalidad de que la gestión sea diferente a la del Nivel 2 y funcione en la práctica como un nivel de protección, que evite la caída del sistema hasta el Nivel 4.

La Asociación de Municipios Ribereños considera que su propuesta es más robusta y se ajusta mejor a los objetivos principales especificados por la Comisión Central de Explotación en su encargo al CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas ), y a la propia Ley 21/2015.

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