ANPE Y SATSE YA SE HAN MOSTRADO CONTRARIOS

Castilla-La Mancha pretende que los profesores administren medicación e inyecten adrenalina a los alumnos que lo necesiten

La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, en la Mesa Sectorial de Educación celebrada este miércoles, ha presentado el borrador del "Protocolo de escolarización segura para el alumnado con alergia, intolerancia y/o enfermedad celiaca", que recoge, entre otras cuestiones, intervenciones de los docentes como administrar medicación o inyectar adrenalina, acciones que para los sindicatos ANPE y SATSE "se exceden de las funciones docentes".

En dicha Mesa, ANPE se ha mostrado "totalmente contrario a que exista una normativa en forma de Protocolo en la que el profesorado sea el encargado de administrar medicación, inyectar o realizar cualquier otra función que no sea inherente a su profesión docente". Por ello, vuelve a reivindicar junto al sindicato de enfermería SATSE, como Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), "la figura de la enfermería escolar en los centros educativos de Castilla-La Mancha".

Para ANPE, "la presencia de enfermeras o enfermeros en los centros escolares evitaría las situaciones a las que se deben enfrentar algunos docentes que se ven obligados a atender necesidades de salud especiales, a pesar de no estar dentro de sus competencias". "No sólo al alumnado incluido en este protocolo, sino también al resto de alumnado con dolencias o enfermedades crónicas o puntuales que puedan requerir ser medicados", añade el sindicato.

Para SATSE, "la inclusión de la enfermería escolar en las plantillas de los centros educativos supone a largo plazo una inversión en la salud del futuro pues esa figura, además de realizar esas tareas sanitarias anteriormente mencionadas, también podrá asesorar a los docentes y familias sobre todos los temas relacionados con la salud, la higiene y los hábitos de vida saludables".

ANPE y SATSE defienden que "con este protocolo se vuelve a poner de manifiesto la urgente necesidad de establecer en todos los centros educativos de nuestra región la figura del enfermero o enfermera escolar, al igual que ya ocurre en otras comunidades autónomas, tal y como venimos reivindicando durante años".

Por su parte, Marga Pino, presidenta de la Asociación de Alérgicos a Alimentos de la provincia de Guadalajara (Alerguada), se ha puesto en contacto con este medio para aclarar que "el protocolo es una herramienta que pretende cerrar espacios seguros para los niños con alergia, intolerancia y/o enfermedad celiaca". "Para ello, establece un conjunto de medidas preventivas tales como eliminar los alérgenos de las aulas, para que de este modo estos espacios garanticen el derecho a la salud y a la educación de todos los niños tal y como establece la Ley de Educación, independientemente de su condición de alérgico, intolerante o con enfermedad celiaca", añade.

"Los alumnos con esta problemática van siempre con su medicación de rescate y con un certificado médico dónde se indica cómo actuar en el caso de reacción alérgica y qué medicación de rescate necesita el niño. Reacción que sólo se desencadena si el centro escolar o profesor ha cometido un error y ha expuesto al niño a un alérgeno, lo que provocaría que la reacción se desencadenara, poniendo en peligro su vida. Por esta razón, en el caso de que necesitaran esta medicación, el adulto responsable del niño tendría que suministrársela ya que si no el niño podría poner en riesgo su salud y el profesor estaría omitiendo el deber de socorro tipificado como delito en el código penal", explica la máxima responsable de Alerguada.
 
Por último, asegura que "el protocolo, además de establecer medidas preventivas para evitar que la reacción se desencadene, quiere ayudar al profesorado para que en el caso de que esta reacción ocurra los centros escolares cuenten con las medidas de intervención adecuadas". "Si en los centros escolares se crean espacios seguros sin alérgenos, la medicación no se llega a utilizar nunca. De ahí la necesidad de instar a la Consejería que cumpla con el compromiso adquirido el pasado mes de octubre a petición de las Cortes Generales y establezca en los centros escolares un protocolo que garantice la escolarización segura de nuestro colectivo, que cuente principalmente con medidas preventivas que saque los alérgenos de las aulas y que, de este modo, evite exponer al alumno a dichos alérgenos para que se pueda garantizar el derecho a la salud e integridad física de los alumnos y el derecho a una educación segura sin que ello ponga en peligro la vida del afectado", finaliza.
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