LA JUNTA DE PERSONAL DEL ÁREA DE SALUD

Denuncian ante la Inspección de Trabajo la "gravísima" situación de los sanitarios en Guadalajara

La Junta de Personal del Área de Salud de Guadalajara ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Dirección provincial por la falta de equipos de protección individual (EPI) y el uso de mascarillas no homologadas que ha distribuido el ministerio de Sanidad.

Ha manifestado la necesidad de que, a todos los trabajadores de hospitales, centros de salud, puntos de atención continuada y centros sociosanitarios se les realice el test o PCR para detectar la enfermedad por coronavirus, han informado en nota de prensa.

"Hemos comunicado también a la Inspección de Trabajo la escasez y ausencia diaria de los EPI, así como las dificultades con las que se encuentran a la hora de realizar una desinfección adecuada de ellos, ya que nos consta que parte de ellos son lavados y esterilizados, incluyendo aquellos que el fabricante recomienda no reutilizar", han explicado.

Ha mantenido que, pese a la normativa existente y los numerosos protocolos publicados al respecto, "los profesionales que prestan servicios en centros hospitalarios, Atención Primaria y centros sociosanitarios no cuentan con los EPI necesarios para poder trabajar de la forma más segura posible al entrar en contacto con los pacientes y poner, de este modo, en gravísimo riesgo su salud e integridad, así como la de la propia población".

Estas mascarillas fueron distribuidas a los trabajadores y se han estado utilizando desde hace al menos siete días, "por ello, es imprescindible que se realicen test y PCR a todos los trabajadores o actuar en base a la 'Guía de actuación frente a COVID-19 en los profesionales sanitarios y socio-sanitarios', en la versión del día 13", ha reclamado.

Y ello, ha considerado, porque "el personal que uso dichas mascarillas no estaban usando un equipo de protección adecuado y, por tanto, hay que actuar según dicha guía".

Todo lo descrito, a su juicio, "supone un gravísimo incumplimiento de las normas tanto estatales como autonómicas, y lo que es aún más importante, un gravísimo atentado contra el derecho a la salud y la integridad física y psíquica de los profesionales, trabajadores y terceros (pacientes, familia, compañeros de trabajo), al suponer una exposición continuada al virus, sin contar para ello con las garantías necesarias a tal fin", ha zanjado.

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