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El Gobierno se corrige a sí mismo en 48 horas: el toque se queda dejará de ser obligatorio en unos días

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España

El Gobierno de España se corrige a sí mismo 48 horas después de aprobar un toque de queda nacional de once de la noche a las seis de la mañana, aunque las comunidades autónomas tenían una hora de margen al comienzo y al final de la franja horaria para ajustarlo a su conveniencia. 

Aunque en principio la intención de Pedro Sánchez y sus ministros era mantener el toque de queda en todo el país durante los próximos seis meses, dos días más tarde de tomar la decisión ahora plantea que la limitación nocturna de la movilidad finalice el próximo 9 de noviembre y que a partir de esa fecha sean las regiones las que decidan si sigue activo o no en sus respectivos territorios.

En concreto, el Consejo de Ministros ha solicitado este martes al Congreso a través de un decreto la prórroga por espacio de seis meses del estado de alarma, en el que ha suprimido los artículos relativos a la restricción de la movilidad nocturna para que lo decida cada comunidad autónoma.

Lo ha afirmado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de este martes, en la que ha concretado que se trata de los artículos 9 y 10 del decreto del estado de alarma, que contemplaba esta restricción entre las 23.00 y las 6.00 horas.

En el decreto de estado de alarma del domingo, el Gobierno imponía la obligatoriedad a todas las comunidades, salvo Canarias, de establecer estas restricciones a la movilidad, dándoles margen de mover la franja en una hora.

Esta medida es obligatoria durante los quince días que dura el decreto del domingo, con lo que a partir del próximo 9 de noviembre serán los presidentes autonómicos los que decidan esta medida. Así, quedará a criterio de cada "autoridad competente delegada", es decir, de los presidentes autonómicos, cuáles son las limitaciones de movilidad que se tienen que establecer en sus territorios.

Lo que pretende el Gobierno, ha dicho la portavoz, es "dar un amparo constitucional" a las medias que van a ir aplicando las autonomías, "siempre en función de datos epidemiológicos", y superar la segunda ola de la pandemia del coronavirus.

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