CORRAL DE ALMAGUER

Piden una condena de diez años para una exalcaldesa de CLM por quitar multas

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar este martes, 15 de diciembre, a la exalcadesa de Corral de Almaguer en el año 2013, J.F.C.L, y al primer teniente de alcalde en esas mismas fechas, V.G.R., por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa al, supuestamente, dejar sin efecto cuatro multas por infracciones en materia de seguridad vial, delito por los que piden para ellos una pena de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el primero de estos expedientes se remonta al 29 de junio de 2013 contra A.G.S. por circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro, sancionado con 500 euros de multa y pérdida de cuatro puntos. El Ministerio Fiscal afirma que V.G.R. consideró estimar el escrito de alegaciones presentadas y acordar el sobreseimiento del expediente y no disponer la retirada de los puntos, propuesta firmada por la otra acusada, J.F.C.L.

Este fue, según la fiscal, el mismo procedimiento que se siguió contra otro expediente de fecha 6 de julio de 2013 contra J.R.G.L. por el mismo delito; contra otro expediente de 27 de agosto de 2013 contra F.V.G. por no utilizar el cinturón de seguridad, sancionado con multa de 200 euros y pérdida de tres puntos; y con un expediente más de fecha 29 de junio de 2013 contra A.G.S. por conducir de forma manifiestamente temeraria a alta velocidad con peligro de colisión contra una vivienda, sancionado con 500 euros de multa y pérdida de seis puntos.

Desde la Fiscalía recuerdan en su escrito de acusación que la conducción bajo los efectos de una tasa de alcohol superior a los 25 miligramos por litro está prevista como una infracción grave en el Reglamento General de Circulación, misma consideración que tendrían los otros casos de no utilización del cinturón de seguridad y de conducción temeraria.

Por todo ello, la fiscal demanda que ambos acusados sean condenados a una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

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