22 de octubre de 2019
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CON LA PORTAVOZ BLANCA FERN√ĀNDEZ EN PRIMER LUGAR

Arrancan las comparecencias de los consejeros en las Cortes con el PP criticando su demora

Blanca Fern√°ndez en las Cortes de Castilla-La Mancha
Blanca Fern√°ndez en las Cortes de Castilla-La Mancha

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha afeado a los consejeros de Emiliano García-Page "por tardar más de dos meses desde su nombramiento" en comparecer en las Cortes de Castilla-La Mancha para informar sobre la actividad de sus Consejerías y sobre su patrimonio.

Guarinos hacía esta denuncia un día antes de que la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, abra este lunes la ronda de comparecencias de los consejeros en las comisiones de las Cortes correspondientes a sus áreas de gestión.

"Han transcurrido más de dos meses desde la formación el nuevo Ejecutivo regional, y sin embargo, no han tenido tiempo en acudir a las Cortes regionales para informar de cuál va a ser su planificación de trabajo, y previsiones en cada área, en definitiva, sus proyectos y propuestas para los ciudadanos en esta legislatura", ha lamentado Guarinos.

En su opinión, esto denota la "falta de interés y de ganas por poner en marcha lo que debería ser una prioridad, es decir, trabajar e informar de sus previsiones y de su agenda de trabajo, y hacerlo en las Cortes regionales, el órgano de control del Gobierno y el lugar donde los diputados de los distintos grupos políticos pueden plantear preguntas y que se conozcan los planes del Ejecutivo para Castilla-La Mancha".

Además, según ha advertido Guarinos, la comparecencia de los miembros del Gobierno implica también informar sobre sus rentas, bienes y actividades, "un compromiso que asumió García-Page en la anterior legislatura y que por lógica debería haberse producido con carácter previo a su toma de posesión", algo que "tampoco ha sucedido y que se producirá también una vez transcurridos dos meses desde la toma de posesión, excluyéndose de esta obligación de comparecer al máximo responsable del Consejo de Gobierno, a García-Page, algo que no tiene razón de ser ni justificación", apunta la vicepresidenta segunda de las Cortes.

Guarinos ha hecho estas declaraciones este domingo en Azuqueca de Henares, donde ha participado en los actos religiosos que se celebran en honor la Virgen de la Soledad, junto a la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento azudense, Aure Hormaechea; el concejal Javier Martín, y otros miembros del PP de la localidad, según ha informado el partido en nota de prensa.

Los diez consejeros del Gobierno que preside Emiliano García-Page comparecerán durante las dos próximas semanas en las comisiones de las Cortes de Castilla-La Mancha correspondientes a sus áreas de gestión, en un calendario que abre la titular de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, con su intervención este lunes a las 10.30 horas en la Comisión de Igualdad.


Durante las dos próximas semanas, casi con frecuencia diaria y a menudo en sesiones de mañana y tarde, las comisiones ya constituidas en julio se reúnen para que los titulares de cada cartera den cuenta de las líneas estratégicas de cada consejería a lo largo de esta legislatura y adelanten algunas de sus propuestas, según han informado las Cortes en nota de prensa.

En este calendario está prevista también la comparecencia del vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, en su caso en la Comisión de Asuntos Generales, mientras que la responsable de Bienestar Social, Aurelia Sánchez Navarro, será la encargada de cerrar este ciclo habitual de presencia de los consejeros en el Parlamento autonómico.

En el caso de quienes se han estrenado en el equipo de García-Page, como Blanca Fernández, Nacho Hernando, Rosa Ana Rodríguez y José Luis Escudero, sus comparecencias servirán también para hacer referencia a los datos que ya son públicos y disponibles en la web de la Junta sobre patrimonio personal, en un ejercicio de transparencia con la ciudadanía que además tiene como objetivo plantear un mecanismo de control parlamentario que establece la situación económica de llegada al cargo para, en el momento del cese, comprobar que no ha existido un enriquecimiento ilícito.

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