PIDEN AL FISCAL JEFE QUE ACTÚE

Una vacuna puesta a medias: el caso que ha indignado a una madre castellano-manchega

El Defensor del Paciente ha solicitado al fiscal jefe de Castilla-La Mancha, José Martínez, que intervenga en el asunto de la denegación de asistencia a una niña de 12 años de Galápagos (Guadalajara) por no administrarle la segunda dosis de la vacuna del papiloma humano.

Según el escrito remitido a Efe por el Defensor del Paciente, la madre de la menor explica que a su hija se le puso la primera dosis de la vacuna en el mes de mayo y cuando acudieron, en el mes de noviembre, a la cita para ponerle la segunda inyección, la enfermera les informó de que no podían administrársela porque "ya no tienen esa marca" y le dieron la opción de ponerle otra cepa de la vacuna en dos dosis.

La madre de la menor preguntó entonces "qué ocurriría con esta opción teniendo en cuenta que su hija es asmática crónica y además tiene migrañas con aura y parestesia", ante lo que le dieron la opción de que comprase ella la vacuna, que supone un coste de 155 euros, cuando ella está cubierta por el régimen general de la Seguridad Social.

Ante esta situación, la madre se puso en contacto con atención al Paciente, donde la dijeron que la contestarían en un año, y en Sanidad le dijeron que tenían más cien vacunas de la cepa que pusieron a su hija, pero que "estaban caducadas" y que sacaron a concurso la compra de más vacunas pero de distinta cepa, siempre según el relato hecho por la madre al Defensor del Paciente.

En la citada carta, facilitada por el Defensor del Paciente, la madre afirma: "Creo que las opciones que me dan no solucionan mi problema y pienso que tampoco el de muchas otras personas que se puedan encontrar en la misma situación".

Y agrega: "Necesito con urgencia que se resuelva este problema, porque creo que no es tan complicado si las instituciones correspondientes tuvieran la voluntad de hacerlo, cuando hay que vacunar a los niños según las campañas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social".

Por todo ello, el Defensor del Paciente solicita al fiscal jefe de Castilla-La Mancha que intervenga en este asunto e investigue a cuántas niñas les están haciendo lo mismo, "obligando a los padres a comprar una vacuna obligatoria y que esta en la cartera de servicios".

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