MÁS DE LA MITAD SON DE PODEMOS

El Proyecto de Ley del Estatuto de Consumidores de Castilla-La Mancha recibe 46 enmiendas

Foto: Eduardo Parra (EP)
Foto: Eduardo Parra (EP)

El Proyecto de Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha ha recibido un total de 46 enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, siendo 28 de Podemos, 10 de los socialistas y 8 de los 'populares'.

En las suyas, Podemos propone que la Junta se persone en la forma en la que establezca la ley en procedimientos penales, siempre y cuando afecten a la pluralidad de las personas consumidoras de la región; que las administraciones públicas de la región impulsen, en casos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual como consecuencia del incumplimiento del deudor, un procedimiento de mediación previo a otro de carácter judicial o intervención notarial, para que la persona conserve la propiedad o pueda mantener su uso y disfrute subsidiariamente.

Este proceso de mediación, la formación morada también pide extenderlo a las "situaciones de sobreendeudamiento derivado de las relaciones de consumo", con el objetivo de que se pongan en marcha medidas que den lugar a la reestructuración de la deuda.

Asimismo, aboga por que las entidades que hayan cedido un crédito hipotecario deban informan por escrito de esta cesión a la persona con la que hubieran firmado el contrato de préstamo con hipoteca u otro tipo de préstamo, y que si esto se incumple se considere infracción grave, o muy grave si la omisión de información afecta a la capacidad del deudor hipotecario para defenderse de un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Además, piden considerar como mérito a aquellos establecimientos que no establezcan precios diferentes en productos cuya única diferencia sea que el destinatario sea hombre o mujer, y que esto sea el precepto para la concesión un distintivo a las mejores prácticas de consumo.

También demandan que la Administración autonómica debe imponer sanciones ante cláusulas abusivas y prácticas comerciales desleales, que los consumidores tengan un derecho a una protección frente a estas prácticas y demandan también que los consumidores, en cuanto a situaciones de cláusulas abusivas de préstamos hipotecarios se contemplen mecanismo como la dación en pago.

Proponen que la tarifa del teléfono de atención a personas consumidoras no exceda de la básica, que el derecho sobre información de productos, servicios y actividades se haga sin difundir contenidos que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia de género o que se suprima el artículo que recoge que el incumplimiento de las responsabilidades por parte de las personas consumidoras sea considerado como infracción leve, lo que conlleva la sanción con amonestación por escrito y multa de 150 euros.

Enmiendas del PP 

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado ocho enmiendas al texto entre las que destaca que se rebajen las cuantías de multas por infracciones graves, "pues son excesivamente elevadas y en muchos casos supondrían la quiebra automática del autónomo, empresario o comerciante que hubiese incurrido en tal infracción".

También pide el PP que se suprima el artículo en el que se considera como infracción leve la incorrección, falta de consideración o respeto a las personas consumidoras, y que como respuesta a una infracción leve se amoneste por escrito o se imponga una multa de 150 euros, y no ambas como se recoge en la norma.

En cuanto a las sustancias y preparados tóxicos o peligrosos, el PP propone añadir un artículo para que, si concurren circunstancias de las que se deriva la constatación de un posible riesgo a la salud de los consumidores, los servicios competentes de la Comunidad Autónoma estarán autorizados a reiterar cautelarmente dichos productos, y podrán ordenar la interrupción de su producción hasta que se adopten las medidas oportunas que garanticen la inocuidad de los mismos.

Asimismo, en cuanto a la Red de Alerta de Productos de consumo, sobre un producto que pueda suponer un riesgo para las personas consumidoras, el PP pide que se tenga en cuenta a las asociaciones de consumidores y usuarios válidamente constituidas, como parte interesada en aquellos procedimientos que tengan por objeto la protección de las personas consumidoras, "cuyos derechos e intereses puedan verse afectados como consecuencia de una situación de peligro, accidente, o inseguridad de cualquier naturaleza".

Del mismo modo, los 'populares' solicitan añadir algunos matices en los artículos relativos a las indemnizaciones y resarcimiento del daño de los consumidores y en la asistencia a personas consumidoras que carezcan de autonomía para la toma de decisiones en establecimientos de autoservicio --añadiendo a estos establecimientos las instalaciones de venta en gasolineras--.

Enmiendas socialistas

De su lado, la principal modificación que quieren incorporan los socialistas a esta ley es incluir un derecho relacionado con el medio ambiente en el artículo 5, que recoge los nuevos derechos de los consumidores, para promover un consumo responsable que fomente el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

La diputada socialista Ana Isabel Abengózar ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que aunque el cuidado del medio ambiente queda recogido en otros artículos, su grupo quería trasladarlo como un nuevo derecho al que los consumidores tienen que hacer frente.

Del resto de enmiendas, Abengózar se ha referido a la que recoge el concepto de obsolescencia programada, mencionada en el artículo 26 de la norma, que señala que la Junta adoptará medidas para prevenir y erradicar las prácticas de producción que tengan por objeto la reducción intencionada de la vida útil de los productos, pudiendo a su vez actuar cautelarmente sobre la comercialización de estos. Los socialistas quieren pulir este artículo con otra redacción que refleje un compromiso mayor en este ámbito.

La diputada del PSOE ha confiado en que esta nueva ley, "muy innovadora y valiente", pueda ser aprobada por el acuerdo de los tres grupos, que han estado presentes en la elaboración de su borrador en el marco del Consejo Regional de Consumo.

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