PROPONEN NUEVAS FÓRMULAS PARA DESATASCAR LA JUSTICIA

Rechazo frontal de los procuradores toledanos a la medida que les dejaría sin vacaciones este verano

El decreto-ley aprobado el pasado martes 28 de abril por el Consejo de Ministros, que está pendiente del visto bueno del Congreso de los Diputados, ha levantado mucha polvareda en el ámbito de la Justicia debido a que propone la habilitación del periodo comprendido entre los días 11 y 31 de agosto (con excepción de sábados, domingos y festivos) para la práctica de actuaciones procesales en todos los órdenes jurisdiccionales. Una medida con la que se pretende recuperar el tiempo perdido por el parón generado por la crisis sanitaria del coronavirus pero que ha generado polémica y muchas discrepancias debido a que, entre otras cosas, permitirá a jueces y fiscales hacer turnos para mantener sus vacaciones pero dejará sin descanso veraniego a los despachos de abogados y procuradores.

Desde este último grupo profesional, el Colegio de Procuradores de Toledo ha emitido un comunicado rechazando dicha medida. Pese a ser "conscientes de la situación tan excepcional que nos ha tocado vivir a todo el país" y a expresar su voluntad de "colaborar para superar cuanto antes tanto la crisis sanitaria como la económica y social", recuerdan que "la paralización que está sufriendo la Administración de Justicia se debe principalmente a la falta de medios de protección que permitieran prestar los servicios propios de manera presencial con garantías y a la carencia de medios informáticos que habilitaran la posibilidad a todos los funcionarios de teletrabajar". "Es decir, que se ha debido a la propia incapacidad de la administración para adaptarse con prontitud a la situación extraordinaria surgida de la pandemia", añaden.

"Ello está provocando la acumulación de nuevos retrasos en la tramitación de los procedimientos, así como la suspensión de las vistas, comparecencias y declaraciones a las que habrá que buscar nuevas fechas para su celebración que, en algunos Juzgados, se retrasarán meses o incluso años. Los servicios esenciales han funcionado con normalidad, se han resuelto las cuestiones urgentes, pero se prevé un aumento de la litigiosidad relacionado con las medidas extraordinarias que ha adoptado el gobierno", explican, Sin embargo, califican como "paradójico" que, en esta situación, se apueste por agilizar la tramitación de los procedimientos habilitando los días del 11 al 31 de agosto. "Tres semanas que no pueden tener un beneficio directo para la ciudadanía. Y no valorar la negativa incidencia que ello supone en la vida de profesionales tan importantes para la Administración de Justicia como son los Abogados, los Graduados Sociales y los Procuradores", critican.

Para afianzan su negativa al decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, los procuradores toledanos añaden: "Conocemos de primera mano que la actividad judicial en agosto se ralentiza mucho pero no solo en ese mes, también en julio y septiembre. Tanto Jueces, Letrados de la Administración de Justicia, Fiscales, Abogados del Estado y resto de funcionarios de la Administración de Justicia suelen disfrutan de sus vacaciones en esas fechas. Por ello no todas las gestiones relacionadas con las tramitaciones de los procedimientos se pueden realizar en ese periodo de tiempo. Además, no es poco habitual que se suspendan vistas porque algún testigo o perito también está disfrutando de sus vacaciones estivales. La diferencia radica en que los días de agosto se consideran inhábiles salvo para determinados procedimientos declarados urgentes por la ley, y los funcionarios de la carrera judicial siguen trabajando si bien solo notifican las resoluciones para las que agosto es hábil y dejan el resto para notificarlas en septiembre, es decir, no se paraliza la actividad, se difiere unos días o semanas su efectividad".

"Y en todos esos momentos en los que la Administración de Justicia tiene actividad, hay unos profesionales del Derecho, Procuradores, Abogados y Graduados Sociales que sí están, para velar por los derechos de sus clientes, ciudadanos receptores de los servicios que presta la Administración de Justicia. Habilitando agosto, esos profesionales tendrán que estar disponibles para seguir prestando sus servicios, a costa de sus vacaciones y pidiéndonos así un sobreesfuerzo al ya realizado en estos momentos de crisis sanitaria. Como profesionales, testigos directos del funcionamiento de Juzgados y Tribunales de Justicia, podremos constatar el poco beneficio sustancial que la medida tendrá en la situación de la Justicia. Y como ciudadanos, con un entorno familiar y de amistades, tendremos que sufrir la falta de disfrute de un periodo vacacional de descanso y de desconexión que todos necesitamos y que, no olvidemos, no es un lujo, es una necesidad vital para todos y un derecho conquistado socialmente", prosiguen los propcuradores toledanos.

Finalmente, desde el Colegio afirman que "no es necesario habilitar tres semanas de agosto sino aplicar las leyes vigentes, habilitando los días de agosto que las partes soliciten y/o los órganos judiciales entiendan pertinentes para realizar los trámites necesarios y referidos a procedimientos concretos de carácter urgente". "Apostamos también por otras medidas mucho más ambiciosas como hacer coincidir el descanso de todos los operadores jurídicos en unas mismas fechas y que el resto del tiempo el funcionamiento de los órganos judiciales sea al 100 %, en lugar de tener varios meses los juzgados a medio gas. Y no renunciamos a que exista un verdadero compromiso político para afrontar la sobrecarga estructural que sufre la Administración de Justicia desde hace años, impulsando reformas procesales que puedan agilizar los procedimientos sin recortar los derechos de los justiciables, buscando soluciones preventivas a la masiva litigiosidad, mecanismos de solución extrajudicial de conflictos que funcionen y consiguiendo una real digitalización de la Administración de Justicia como se ha conseguido en la práctica totalidad de las administraciones públicas a todos los niveles", finaliza el comunicado.

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