DEMANDA CONTRA EL GOBIERNO ESPAÑOL

Sánchez se lleva la primera denuncia ante el Supremo en España por inacción contra el cambio climático

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en una imagen de archivo Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en una imagen de archivo

Las organizaciones Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón, entre otras muchas, han presentado ante la Sala de lo Contencioso-Adminstrativo del Tribunal Supremo una demanda contra el Gobierno de España por inacción ante el cambio climático.

Se trata, según los demandantes, de la primera demanda de este tipo en nuestro país y "un paso decisivo en el proceso judicial emprendido por las tres organizaciones el pasado mes de septiembre para exigir al Ejecutivo una respuesta adecuada ante la emergencia climática".

Hasta el momento, más de 55 organizaciones, movimientos y plataformas de todo el territorio nacional se han sumado a la demanda, según informan en un comunicado. En paralelo, las organizaciones demandantes continúan con la recogida de firmas, que hasta el momento ha recabado el apoyo de más de 24.000 personas.

Piden un Plan Nacional

En concreto, solicitan que se ordene al Gobierno -no se dirigen contra ningún ministerio en concreto- su obligación de aprobar un Plan Nacional de Energía y Clima "que establezca unos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero acordes con los compromisos asumidos con la ratificación del Acuerdo de París y las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) para no superar 1,5 ºc de incremento de temperatura global, en ningún caso inferiores al 55% en 2030 respecto a 1990, garantizando a este respecto los derechos humanos y el derecho a un medio ambiente adecuado de las generaciones presentes y futuras".

La demanda se basa en la constatación de que los sucesivos Gobiernos de España han incumplido sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático. Las tres organizaciones solicitan al Tribunal Supremo que obligue al Ejecutivo a aprobar formalmente un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que incluya una reducción de emisiones de al menos el 55% hasta 2030 respecto a las que se tenían en 1990. Actualmente, mientras la Unión Europea (UE) ha aumentado el objetivo de reducción de emisiones netas al 55% para 2030, el Ejecutivo español propone solo un 23%.

"La falta de ambición climática del Gobierno español se ha hecho más evidente estos días tras el acuerdo de la UE de incrementar sus objetivos, que, aun siendo todavía insuficientes, están muy por encima de los españoles. No estamos hablando de meros números, sino de las consecuencias devastadoras que estos pueden tener para la vida y la salud de las generaciones futuras. Mientras los Gobiernos sigan sin hacer su parte, nosotros continuaremos acudiendo a la justicia", señala Lorena Ruiz-Huerta, abogada demandante de las tres organizaciones.

Impactos

Los casi 200 folios de la demanda incorporan las últimas referencias científicas que evidencian los impactos sociales, económicos, físicos y biológicos del cambio climático, así como la vulneración de derechos humanos derivada de este, e incluye las conclusiones de dos informes periciales.

Uno de estos informes, sobre los impactos del cambio climático específicamente en España, ha sido elaborado por el catedrático José María Baldasano, miembro del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de la ONU (IPCC), que demuestra cómo las sequías, inundaciones e incendios son cada vez más devastadores en el país.

El segundo informe pericial centrado en la vinculación entre el cambio climático y la desigualdad, en particular la brecha de género, elaborado por la profesora Margarita Ruiz Ramos, profesora titular e investigadora en Universidad Politécnica de Madrid, que revela cómo la crisis climática afecta especialmente a las personas más vulnerables, que no cuentan con medios para afrontarla, ni con la protección efectiva de los poderes públicos.

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