POR UN RETRASO DE 6 MESES EN EL DIAGNÓSTICO

El Sescam indemnizará con 60.000 euros a la familia de un paciente fallecido por un cáncer de pulmón

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado parcialmente el recurso presentado por los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, reconociendo una indemnización de 60.000 euros por el retraso de 6 meses en el diagnóstico y tratamiento de cáncer de pulmón que llevó al fallecimiento de un paciente.

Según el relato de ‘El Defensor del Paciente’, M.T.B., de 78 años, con antecedentes de EPOC, diabetes, hipertensión y fumador, desde enero de 2010 acudió a su centro de salud presentando disnea, tos y dificultad respiratoria. Durante el año 2010 dicho cuadro se reiteró en diversas ocasiones. En febrero de 2011 su situación persistió, agravándose progresivamente hasta el mes de junio. Hasta ese momento, el Juzgado considera que la actuación médica fue correcta. En junio de 2011 comenzó a agravarse la disnea y la tos, se realizó radiografía, pero no se realizó un TAC pese a estar indicado. En el mes de octubre, el paciente fue ingresado en el Hospital General de Ciudad Real, donde se le realizó una nueva radiografía de tórax sin adoptar medida alguna, siendo dado de alta en fecha 7 de octubre sin un claro diagnóstico. Continuó acudiendo a consultas y presentando baja oxigenación, dolor costal y tos. El 2 de diciembre  ingresó nuevamente y entonces ya fue diagnosticado de carcinoma de pulmón, falleciendo a consecuencia del mismo el 26 de diciembre de 2011.

La propia inspección sanitaria reconoce en su informe como en junio de 2011, a la vista de la sintomatología que presentaba el paciente y de las radiografías, que estaba indicado la realización de un TAC para profundizar en el diagnóstico, por lo que considera que hubo "un retraso de 6 meses en el tratamiento del cáncer de pulmón" que padecía. "La misma conclusión dentro del procedimiento judicial alcanza el perito judicialmente designado", añade la Asociación.

La defensa del caso ha sido ejercida por el abogado Francisco Fernández-Bravo García, especialista en Derecho sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’.

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