19 de septiembre de 2019
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CANALIZAN 900 MILLONES DE EUROS AL AÑO

Castilla-La Mancha espera recibir 120.000 solicitudes de la PAC que se convoca en febrero

Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Foto: Ó. Huertas)
Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Foto: Ó. Huertas)

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha dicho que la próxima convocatoria de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) se hará como es habitual a primeros de febrero y que en Castilla-La Mancha se espera recibir 120.000 solicitudes.

En su rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de este martes, Martínez Arroyo ha explicado que Castilla-La Mancha es la tercera región en cuanto al número de perceptores de ayudas de la PAC y, en un año, se canalizan 900 millones de euros entre ayudas directas y del programa de desarrollo rural.

El consejero también ha explicado la reunión que mantuvieron ayer el ministro de Agricultura, Luis Planas, con las comunidades autónomas para tratar sobre la reforma de la PAC y la mejor posición para defender las negociaciones en la Unión Europea, y en la que Castilla-La Mancha, que tiene un peso importante, ha dicho Martínez Arroyo, expuso su posición.

La región, ha explicado, defiende el modelo de agricultor profesional que incluya a todos los que generan empleo, riqueza e innovan en el medio rural, con prioridad de quienes viven en los pueblos, ya que considera que la PAC puede ayudar en el "reto demográfico".

Martínez Arroyo ha dicho que Castilla-La Mancha apuesta por un modelo de convergencia según el cual los agricultores cobren la misma ayuda por hectárea cultiven lo que cultiven, para avanzar en igualdad y equidad, así como por poner un techo de 100.000 euros en ayudas por explotación, excluidos los costes laborales, para poder contar así con un pago redistributivo destinado a las medianas y pequeñas explotaciones.

La región también pide mayor flexibilidad de las comunidades autónomas para decidir las políticas más adecuadas en cada territorio.

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