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REACCIÓN DEL EJECUTIVO CENTRAL ANTE LA GRAVE CRISIS AGRARIA EN ESPAÑA

El primer plan de choque del Gobierno para el campo contará con 2,73 millones de euros

El Gobierno central cuantifica en 2,73 millones de euros el coste que asumirá en su plan de choque con las medidas más urgentes para afrontar la crisis del campo, básicamente para asumir el coste en bonificaciones de la conversión de los contratos en el sector primario.

Así consta en la memoria de impacto presupuestario de este decreto ley, al que ha tenido acceso Europa Press, donde describe cómo la gran mayoría de medidas recogidas en la norma tendrán un impacto presupuestario neutro, por no suponer una mayor afectación de gasto, o provocar una compensación equivalente en los ingresos.

Así, en el cambio de criterio para asignar ayudas a jóvenes agricultores, la menor tributación en el año en que se recibe la ayuda se compensa, argumenta el Gobierno, con la mayor tributación de ejercicios fiscales siguientes.

La estimación realizada parte de un rendimiento neto esperable en un joven agricultor recién incorporado, con una ayuda media bruta de 27.795 euros y un total de 13.000 beneficiarios por cuatro años, período en que la propuesta prevé redistribuir la ayuda.

Con cargo al Sepe

Respecto al coste de la conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o fijos-discontinuos, el Gobierno señala que las bonificaciones se financian con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), pero no prevé un incremento de la dotación establecida.

En 2019, remarca el Gobierno, se celebraron 3.975 conversiones de contratos eventuales en indefinidos, lo que supuso un gasto en bonificaciones de 2.046.544 euros. Considerando estos datos, estima que el coste anual de aplicar la medida contemplada en el decreto ley supone 2.730.000 euros.

En el caso de la reducción de peonadas establecida por el Gobierno para poder acceder al subsidio y la renta agraria, el Gobierno aduce que su impacto presupuestario ya está recogido en las propias cuentas del Sepe, pues la finalidad de la reducción es la de permitir el acceso a la protección a trabajadores que ya hubieran sido beneficiarios, de no haberse producido el descenso de actividad provocado por las lluvias torrenciales.

Sobre el subsidio, el Ministerio de Agricultura señala que se trata de una prestación "a extinguir", a la que no se pueden incorporar nuevos trabajadores agrarios por cuenta ajena que no hubieran percibido dicha ayuda antes de abril de 2003, exigiéndose además haber sido perceptor dentro de los tres años anteriores a la solicitud.

Renta agraria

Para acceder a la renta agraria, se exige el empadronamiento durante 10 años en ámbito geográfico, en alta o situación asimilada ininterrumpida en los 12 meses naturales anteriores a la solicitud y, si es mayor de 45 años, se exige haber permanecido en alta o situación asimilada al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social entre 5 o 20 años, según su edad.

En 2019, el gasto de los subsidios agrarios (renta agraria y subsidio REASS) supuso 400 millones (314 millones de nómina y 86 millones de cotización) en el caso de la renta agraria, y 583 millones (457 millones de nómina y 126 millones de cotización) en el caso del subsidio agrario. En términos comparativos, el Gobierno señala que, atendiendo a los datos registrados desde 2015, el número de personas beneficiarias ha tenido muy pocas variaciones, igual que las altas reconocidas.

El PP lo tacha de "vergüenza"

Por su parte, el PP de Castilla-La Mancha ha calificado de "vergüenza" que el Gobierno de Pedro Sánchez haya cuantificado en 2,73 millones de euros las primeras medidas contra la crisis del campo, algo que para la portavoz del partido, Claudia Alonso, es "reírse" de los agricultores y ganaderos puesto que, según ha calculado, supone dar 3,58 euros a cada agricultor español, que ha estimado en 762.000.

Ha sido en una rueda de prensa en las Cortes donde Alonso ha recordado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha pedido en varias ocasiones que los 135 millones de euros que debe el Gobierno central a Castilla-La Mancha por el IVA de 2017 se destine al campo, algo que, según ha lamentado, al Gobierno de Castilla-La Mancha le parecía "una cantidad irrisoria".

Dicho todo esto, la portavoz del PP en la región ha informado de que el Grupo Parlamentario Popular llevará dos debates generales al próximo pleno para hablar sobre despoblación y financiación autonómica.

Así, ha aprovechado para criticar al Gobierno de Emiliano García-Page por no haber acudido aún a los tribunales para reclamar el IVA de 2017. De este modo, ha asegurado que cuando el Ejecutivo dice que está estudiando cuál es la estrategia más adecuada para reclamar al Estado, está hablando de cuál es la mejor manera de "no molestar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "con una reivindicación justa que hace la región".

Sin embargo, el PSOE considera que el Gobierno de Pedro Sánchez va "por el buen camino" con sus medidas aprobadas para aliviar la crisis del campo cuando "el PP sale con cortinas de humo y despistando con cifras". Así ha reaccionado este lunes la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, a las declaraciones de la portavoz del PP regional.

Tras informar de que el PSOE llevará al pleno de las Cortes un debate general para hablar sobre la Política Agraria Común (PAC), la portavoz de los diputados socialistas ha hecho hincapié en que al PP se le ha olvidado decir que Pedro Sánchez, en apenas ni un mes en el Gobierno, ya ha puesto sobre la mesa medidas para el sector agrícola. De este modo, ha advertido a la portavoz del PP que la solución del campo "no pasa por subvenciones", algo que, según ha dicho, están diciendo los propios agricultores. Es por ello que ha aplaudido las medidas que se están poniendo sobre la mesa a petición del sector, como por ejemplo un cambio normativo para tener precios justos.

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