PARA QUE LA CAMPAÑA DEL AJO TRANSCURRA SIN INCIDENCIAS LABORALES

Castilla-La Mancha pide ayuda para contratar a los 10.000 trabajadores que necesita

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA) ha demandado a la Delegación del Gobierno de España en la región que facilite el trabajo de contratación de trabajadores para las campañas de recolección, sobre todo de cara a la campaña del ajo que afecta a las provincias de Cuenca, Ciudad Real, Albacete y Toledo.

Según ha informado UPA en nota de prensa, en estas época se necesitan en las zonas productoras del orden de 10.000 trabajadores extra en un breve periodo de tiempo. A ello se le une, tal y como ha explicado el secretario general de UPA Cuenca y miembro de la Comisión Ejecutiva Regional, Miguel Esponera, las condiciones particulares del ajo, un producto perecedero, que necesita recogerse de manera rápida.

"El ajo se deja a la intemperie una vez arrancado para orearlo, de manera que se necesita un volumen de trabajadores muy alto para recogerlo lo antes posible y no sufrir pérdidas porque el ajo podría perder valor caso de tormentas o pérdida de camisas", ha dicho.

De ahí que los agricultores necesiten cuadrillas con urgencia para poder mantener sus explotaciones de manera viable. Pero son mayoría quienes se encuentran con problemas añadidos que no tienen que ver con la agricultura propiamente.

En concreto tienen que recurrir a la contratación a través de empresas de servicios o ETT; pero la normativa exige, tal y como han explicado a UPA desde la Subdelegación de Gobierno de Albacete en una jornada de trabajo reciente, que no se puede recurrir a las empresas de servicios y que las contrataciones a través de ETT solo pueden ser de un porcentaje de los trabajadores, no del total.

Pero lo que más preocupa a los agricultores, tal y como ha denunciado la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, son las usurpaciones de identidad y las sanciones posteriores de la Inspección de Trabajo. En estos últimos años se ha dado la circunstancia de que algunas personas a quienes se contrata utilizan documentación falsa, prestada o que no es suya, y que el agricultor no puede contrastar a la hora de hacer la contratación.

Esta situación es sancionable, de ahí que UPA siempre recomiende el máximo de precaución para evitar las sanciones posteriores. Pero, asimismo, UPA ha solicitado a la Delegación de Gobierno que no se culpabilice directamente a los agricultores, a quienes la Inspección de Trabajo sanciona de manera directa y que, en raras ocasiones, pueden demostrar su inocencia.

La organización agraria ha solicitado a la Delegación de Gobierno y a la Inspección de Trabajo que se tomen medidas que no culpabilicen al agricultor y faciliten esta contratación dentro de los márgenes de la ley porque son cerca de diez mil trabajadores en el corto tiempo de un mes y poco y el volumen económico que mueven en algunas comarcas de las provincias de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y algo menos en Toledo.

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