17 de septiembre de 2019
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Las amistades peligrosas de una exconcejal de Talavera relacionadas con el terrorismo

Nines Maestro fue concejala de Talavera por el PCE

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, considera que hay "indicios suficientes" para procesar a la exdiputada de Izquierda Unida Ángeles Maestro y dos activistas de la organización Red Roja por un presunto delito de financiación del terrorismo que habrían cometido al donar dinero dirigido al pueblo palestino a una entidad recogida en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. 

Nines Maestro vivió durante los años de la transición en Talavera de la Reina, donde ejerció como médico en el entonces Centro de Demostración Sanitaria. Militante del Partido Comunista de España (PCE) desde 1974, en 1979 fue elegida concejal de la ciudad de la cerámica, donde ejerció en el primer gobierno municipal electo democráticamente tras la muerte de Franco como delegada de Sanidad. En 1989 fue elegida diputada en el Congreso por IU, siendo reelegida en 1993 y 1996. Fue una de las fundadoras de IU, aunque después se radicalizó y abandonó el PCE. Ahora es la principal dirigente de la organización Red Roja, que aspira a recuperar el proyecto original de Corriente Roja con cuadros políticos netamente comunistas. Ha mostrado públicamente en diversas ocasiones su cercanía a la izquierda abertzale, pidiendo el voto para el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK)1​ o participando en actos de Batasuna.
 
En el auto citado, García Castellón pone fin a las diligencias previas de investigación y ordena la transformación en procedimiento sumario, un paso previo al procesamiento de Nines Maestro y las otras dos implicadas, porque "existen suficientes indicios racionales de criminalidad en todos los casos".

Maestro y dos de sus compañeras fueron denunciadas por Law Force Project Spain y la Asociación Cultural Judía de Ibiza -que se ha retirado del procedimiento-, por dos cuestaciones que la organización realizó en su página web en 2014 y 2015 para el pueblo palestino.

Recaudaron 5.300 y 3.065 euros, respectivamente, que entregaron en el primer caso, a la activista del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) Leila Khaled y, en el segundo, a una representación de la Autoridad Nacional Palestina en España.

Cuando fue llamada a declarar como investigada en la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero, Maestro explicó que entregó el dinero a Khaled por tratarse de un símbolo de la lucha del pueblo palestino y que tuvo la oportunidad de hacerlo porque fue invitada por el Ayuntamiento de Barcelona a la feria del libro de aquel año y durante su estancia, participó en distintos actos públicos y conferencias.

Alegó además que no era consciente ni de la pertenencia de ella al FPLP, ni de que esta organización constase en la lista europea de bandas terroristas, un desconocimiento que basó en el hecho de que Khaled, siendo como dice la querella su representante, se desplazase por España invitada por una institución pública con normalidad. Su defensa pedía por ello el sobreseimiento.

El juez expone que "pese a la lógica versión exculpatoria de las investigadas en las declaraciones prestadas, existen suficientes indicios racionales de criminalidad en todos los casos" porque días antes de lanzar la primera recogida de fondos, Red Roja publicó en su web un comunicado en el que "ya se identificaba a Leila Khaled como miembro del FPLP, por lo que no podían desconocer a qué organización pertenecía".

Además, Red Roja, "organización en la que Ángeles Maestro ocupa un puesto de responsabilidad, se ha postulado públicamente como conocedora del contexto armado de la resistencia palestina" y de hecho, en aquel comunicado previo, llamaba a la "destrucción del Estado racista de Israel". "Saludamos a la resistencia realmente existente representada por grupos como la Yihad Islámica o Hamás y de manera especial a los camaradas del FPLP", añadía, seis días antes de la cuestación.

El magistrado razona en el auto que "la donación de recursos económicos a Palestina por instituciones gubernamentales y otros organismos sin ánimo de lucro respeta el marco de la legalidad internacional" pero "la recaudación de dinero por los grupos terroristas o en beneficio de ellos, en cambio, entra dentro del rango de actividades prohibidas" y es lo que habría ocurrido donando fondos al FPLP.

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