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LA MITAD CORRERÁ A CARGO DEL ESTADO

Moncloa permite a Castilla-La Mancha incurrir en un déficit de 900 millones en 2021

Juan Alfonso Ruiz Molina este lunes Juan Alfonso Ruiz Molina este lunes

El Gobierno de Castilla-La Mancha podrá incurrir en la elaboración del presupuesto de 2021 en una tasa de referencia del déficit del 2,2 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), que supone unos 900 millones de euros, y de este total del 2,2, por ciento, el Estado se compromete a hacerse cargo del 1,1 por ciento a través de transferencias a las comunidades autónomas.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado este lunes por vía telemática, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que en la reunión se ha comunicado de manera oficial la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y para 2021, que contemplaban que el objetivo de déficit para este año era del era 0,2 por ciento y para 2021, del 0,1 por ciento.

Ha explicado que en 2021 "ya no se habla de objetivos de déficits, sino de tasas de referencia" y ha detallado que para las comunidades autónomas, la tasa de referencia en cuanto al objetivo de déficit es del 2,2 por ciento del PIB, si bien ha precisado que una comunidad autónoma podría aprobar un presupuesto con un déficit superior al 2,2 por ciento "en función de lo que considere más oportuno de cara a su situación"

Ruiz Molina ha detallado que de esa tasa de referencia del 2,2 por ciento, el estado se compromete a el 1,1 por ciento con transferencias a las comunidades autónomas y el 1,1 por ciento restante, será con cargo al endeudamiento de la comunidad autónoma, a través del Fondo de Liquidez Autonómica.

"Es una tasa de referencia a la que podemos o no acogernos, en función de lo que consideremos para el ejercicio 2021", ha señalado que el consejero de Hacienda que ha precisado que un 2,2 por ciento del PIB de Castilla-La Mancha suponen, aproximadamente, unos 900 millones.

En este sentido, Ruiz Molina ha pedido que el Gobierno central, a la hora de realizar las transferencias a las comunidades autónomas correspondientes a ese 1,1 por ciento de la tasa de referencia, "se haga con criterios objetivos que pongan de manifiesto las necesidades que tienen las comunidades autónomas".

Así, ha apuntado que "es un aspecto que no está cerrado, tendrá que ser objetivo de negociación con las fuerzas políticas".

En cualquier caso, Ruiz Molina ha señalado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apelado a la responsabilidad y corresponsabilidad" para aprobar unos presupuestos que "sean realistas con las necesidades de los ciudadanos y conscientes de que ese coeficiente va a venir del endeudamiento de las comunidades o del Estado".

Asimismo, también ha indicado que en las tres horas y media que aproximadamente ha durado el CPFF, se ha comunicado que las entregas a cuenta van a ser iguales que las de 2020, aunque ha indicado que suponen una "ligera reducción" del 13 por ciento si se compara con la liquidación de 2019.

En cuanto a la financiación de la ley dependencia, Ruiz Molina ha señalado que la ministra ha dicho que está previsto que se incremente, aunque ha señalado que como están en negociación los Presupuestos Generales del Estado para 2021 no se ha dado una cifra.

Con todo ello, Ruiz Molina ha indicado que el Gobierno regional tiene "mucha más información, no toda", para elaborar el presupuesto de la Junta para 2021, que ha incidido en que tiene como objetivo "reducir los efectos de la pandemia en esta región y por supuesto fortalecer los servicios públicos fundamentales", como sanidad, educación o servicios sociales y también "fomentar o potenciar las partidas que tienen que ver con la recuperación de los sectores productivos".

Ruiz Molina ha agradecido el "esfuerzo del Gobierno central" por reducir la incidencia que la pandemia pueda tener en los aspectos económicos y en la financiación del sector público y ha lamentado que, por contra, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han mantenido una "postura clara que no aporta nada en relación a lo que sería su obligación ante la situación crítica" actual. 

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