16 de septiembre de 2019
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YA QUE NO TIENEN LAS MISMAS OPORTUNIDADES

Los empresarios de zonas despobladas piden bonificaciones fiscales del 50 % en los principales impuestos

Un estudio encargado por la red SSPA, impulsada por las organizaciones empresariales de Teruel, Soria y Cuenca con el apoyo de los grupos de acción local, propone una rebaja efectiva del 50 por ciento de la cuota íntegra de los principales impuestos en zonas despobladas.

El informe se ha presentado este lunes en Teruel después de que hace unos días las organizaciones empresariales hicieran lo propio en Madrid y el documento fuera entregado a la comisionada por el reto demográfico.

El coordinador del informe, el investigador José Antonio Arce, ha destacado que este estudio ha buscado analizar en qué medida el ordenamiento jurídico permite un "tratamiento excepcional" para territorios despoblados, que ha denominado de "ultraperificidad demográfica".

Se refiere a zonas, además de despobladas, alejadas de cabeceras de comarca o provincia, y la propuesta es plantear medidas que la normativa europea y estatal contempla actualmente, ha dicho, para Canarias y los territorios de ultramar.

El estudio es una ficha "económico, financiera e incluso jurídica" ha destacado Arce en la presentación este lunes y que "debería acompañar a las leyes" que planteen esta discriminación positiva para estos territorios.

La propuesta plantea una reducción del cincuenta por ciento de "todas las grandes figuras del ordenamiento tributario español", ha dicho Arce: desde el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta el Impuesto de Sociedades, pasando por el de sucesiones y actos jurídicos documentados o de transacciones patrimoniales.

Esta reducción supondría que el Estado dejaría de ingresar 335 millones de euros, si se aplica a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel que es sobre las que se ha hecho el estudio, lo que supone un 0,17 por ciento de la recaudación impositiva consolidada en todo el Estado.

Ese dinero "permanecería en el bolsillo de las empresas y de los autónomos" para revertir en el desarrollo de la población y "cada año se recuperarían 80 millones de euros", ha apuntado Arce.

Esta rebaja, ha explicado, podría conseguirse de muchas maneras: afectando a las bases imponibles o a los tipos impositivos, entre otros.

El presidente de CEOE Teruel, Carlos Torre, ha apuntado que este informe sirve para "justificar y cuantificar cuál es el coste" de esta discriminación positiva que demandan. "Damos una base legal para que dentro de la Unión Europea" ha añadido "no se consideren como ayudas de Estado esas bonificaciones".

Por su parte, la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha asistido a la presentación del Informe y ha destacado que la despoblación es un "problema común" en otras regiones de Europa. Asimismo ha destacado los pasos para que el criterio de la despoblación se incorpore a "los reglamentos de reparto de fondos europeos" como los Fondos de Cohesión.

También ha abogado por reformar la Política Agraria Comunitaria, que "han sido un aliciente para marcharse del territorio" porque ha sido una "herramienta que ha fracasado" ya que el mayor destino de este dinero es "en las grandes ciudades".

El representante de los grupos de acción local, Benito Ros, ha resaltado la necesidad de una "fiscalidad diferenciada" porque, como ha puesto como ejemplo, "no tiene las mismas oportunidades" una panadería en un pueblo del Maestrazgo que en una plaza de Zaragoza.

Carlos Torre ha dicho que ahora lo que demandan es "voluntad política" para llevar a cabo estas medidas y espera que el informe sea "una referencia para poder negociar". "Ahora tiene que ser el Gobierno de la nación el que diga de qué manera se puede abordar el tema".

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