El Comentario

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La lectura y las bibliotecas en un Pacto de Estado

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Juan Sánchez

La Cultura no es una prioridad política. Pero el gesto de Pedro Sánchez de establecer un Ministerio en esta materia creó esperanzas. La forzada dimisión de Màxim Huerta y el nombramiento de José Guirao convirtió la cultura, además del deporte, en tema de conversación entre los periodistas. ¿Es una oportunidad de que, por vez primera, el Gobierno abandere una política cultural? A pesar de la debilidad del grupo parlamentario socialista, el Gobierno tiene la posibilidad de enmendar sus errores de otros tiempos y de trazar nuevos caminos. El decreto de organización del Gobierno dirige las funciones básicas del Ministerio, en el área de Cultura, a “la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, la promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso de las acciones de cooperación cultural…”. Algunos analistas ponen el acento en la necesidad de utilizar la Cultura como seña de identidad de la marca España, opción que sería, desde mi punto de vista, miope para el interés de los españoles. Los eventos culturales, las grandes exposiciones, la actividad cinematográfica, los museos nacionales… claro que tienen que estar en la agenda política del Ministerio pues lo están en los Presupuestos Generales del Estado. Pero hay mucho más que el Ministerio debe hacer o impulsar.

Otro guiño ha sido la creación de la dirección general del Libro y fomento de la Lectura, con la poeta Olvido García Valdés al frente. El decreto de competencias es bastante caótico en lo que respecta a bibliotecas y lectura, pero esperemos que haya voluntad política de propiciar una sociedad lectora. Leer es fundamental en la formación de una persona y la lectura construye ciudadanos libres y críticos, participativos y tolerantes. Y se desarrolla mediante un trípode: familia, centro educativo y biblioteca pública. Hay quien afirma que son claras competencias de las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos, pero sólo es parcialmente cierto: construir un modelo de sociedad pasa necesariamente por el pilar del Estado, a través de dos ministerios: Educación y Cultura. Los sistemas educativos tienen como asignatura pendiente la biblioteca escolar, una biblioteca que actúe como eje de formación para los distintos actores de la comunidad educativa: alumnos, profesores y padres. Pero las bibliotecas, como otras áreas de los centros educativos, precisan expertos: bibliotecarios escolares que presten esos servicios de forma transversal a todos los agentes implicados. Esos bibliotecarios conseguirían construir lectores apasionados y se pondría fin al fracaso actual: leer por obligación no consigue lectores que amen la lectura y la conviertan en actividad esencial de sus vidas.

Una política de lectura pública precisa impulsar la lectura utilizando un servicio que hoy resulta absolutamente esencial para nuestra sociedad: la biblioteca pública, puerta democrática de acceso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Las bibliotecas son lugares para la libertad, el encuentro, el debate, la convivencia ciudadana, la solidaridad, la cultura, la información, la educación permanente y la creatividad. Los libros y las tecnologías de la información, con la complicidad de la sociedad, se unen para que las bibliotecas sean “laboratorios de la ciudad soñada” (José Antonio Marina).

A pesar de los avances experimentados en España, las bibliotecas españolas no acaban de ser consideradas servicios básicos y necesarios para todos los ciudadanos. Si la lectura no es lujo y sí una necesidad de la población, las bibliotecas constituyen el marco democrático que ofrece sus servicios a todo tipo de personas y colectivos, sin barreras de ningún tipo. La falta de una legislación marco de carácter nacional ha propiciado un mosaico de desigualdades entre unas regiones y otras, entre ciudades y localidades de parecida población características, entre ciudadanos residentes en distintos lugares de España. Los indicadores estadísticos muestran claramente esas desigualdades, con regiones o provincias que presentan magníficas realidades bibliotecarias y otras que ni siquiera tienen una legislación específica. El resultado es que más de 3.000 municipios españoles carecen de cualquier servicio de biblioteca y ni siquiera un bibliobús presta sus servicios en esas localidades.

Desde los inicios de los años ochenta del siglo XX clamé por una Ley de Coordinación Bibliotecaria que sirviese de pauta para el desarrollo de los servicios públicos de lectura e información en todo el país. Cuando, por fin, se planteó esa Ley estatal, mostré una esperanza que pronto derivaría en frustración: se aprobó y entró en vigor la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, pero no resolvió ninguno de los problemas prácticos que nos preocupaban a los que habíamos clamado por esa Ley. Es una norma que señala vías de cooperación, a través del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, pero no aborda la imprescindible y obligada coordinación en la que debieran trabajar los sistemas bibliotecarios de nuestro país. La Ley recogió principios pero no concretó estándares de servicio público ni responsabilidades de financiación. Fue una oportunidad perdida.

Las regiones o ciudades con políticas bibliotecarias más avanzadas dicen que esto no es cosa del Estado. Yo afirmo la necesidad de que el Gobierno de España impulse una verdadera política de Estado en materia de lectura pública y bibliotecas y lo haga mediante un Pacto en el que participen el conjunto de Administraciones Públicas, todas con competencias en estas materias. Las comunidades autónomas son competentes en Educación pero desde hace años se insiste en la necesidad de contar con una política educativa que se base en el Pacto y no en imposiciones; en ese contexto habría que articular los mecanismos para hacer realidad el viejo sueño de la biblioteca escolar gestionada por profesionales, con el perfil que se determine.

Igual ocurre con las competencias para desarrollar políticas bibliotecarias, que es de las comunidades autónomas, aunque en general la creación de bibliotecas lo es de los ayuntamientos. También las diputaciones provinciales tienen competencias en bibliotecas, especialmente para los municipios más pequeños. Y el Estado, como titular, conserva competencias sobre las llamadas Bibliotecas Públicas del Estado, gestionadas por las comunidades autónomas. En este panorama entendemos que la Administración General del Estado tiene competencias de coordinación para asegurar que los servicios bibliotecarios lleguen a todos los españoles.

La Constitución Española de 1978 sigue siendo el marco de convivencia política y ciudadana: hace meses parece que los españoles descubrimos el artículo 155, aplicado en Cataluña; pero hay otros artículos que parecen olvidados por el Estado. Por ejemplo, el artículo 149.1.1º) es esencial para valorar el papel ministerial en la resolución de estas desigualdades: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre…la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el incumplimiento de los deberes constitucionales.” Y el artículo 150.3 prevé incluso que “… podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general…”. 

Ha habido regiones que han sido más democratizadoras del derecho a servicios bibliotecarios y situaron en 2.000 e incluso en 1.000 habitantes la frontera para que el municipio contase con biblioteca pública. Castilla-La Mancha está entre esas regiones más progresistas. Leyes autonómicas más avanzadas, planes bibliotecarios y programas regionales de apoyo financiero o técnico para el desarrollo de bibliotecas públicas municipales, han sido los factores diferenciadores que propiciaron un mapa bibliotecario muy desigual de unas regiones a otras y entre unos municipios y otros.

La falta de una política de Estado en materia de bibliotecas públicas y de bibliotecas escolares condiciona el desarrollo de planes de promoción de la lectura que sean eficaces. Por ello vuelvo a clamar por una Ley nacional de Coordinación de Bibliotecas y Lectura pública. Que desde Castilla-La Mancha se levante esta voz significa la confianza en el Estado de derecho y en una Constitución que esté plenamente vigente. La lectura es un derecho de todos los ciudadanos, y al Estado corresponde abordar un plan coordinado que garantice servicios bibliotecarios al conjunto de la población española. ¿Será valiente el presidente Pedro Sánchez en esta cuestión y afrontará un problema que debería constituir tema de debate en las instituciones de la Unión Europea?

Juan Sánchez Sánchez, ex director de la Biblioteca de Castilla-La Mancha

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