18 de octubre de 2019
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El Comentario

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Antonio Zárate Martín

A vueltas en Toledo con el paisaje, la Vega Baja y más

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Antonio Zárate Martín

La anulación definitiva del POM de 2007 por sentencias de 31 de marzo de 2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM y posteriormente por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento, abrieron la esperanza para un tratamiento integral de la ciudad comprometido con la conservación y puesta en valor de sus valores patrimoniales, con el medioambiente, la renaturalización y el paisaje, siempre desde criterios de sostenibilidad y de participación de la sociedad, en definitiva, de acuerdo con los criterios actualmente dominantes en el tratamiento de las ciudades y recomendados por todas las instancias y organismos internacionales. Parecía que se despajaba el camino para resolver, entre otros, los problemas que afectaban a una zona tan sensible de la ciudad como es la Vega Baja por sus elevados valores patrimoniales y paisajísticos y por las amenazas que supone la presión urbanizadora y especulativa de su entorno. Sin embargo, la respuesta desde el Ayuntamiento ha sido la contraria, como se demuestra por las previsiones para la zona incluidas en la modificación 28 del PGMOU de 1986, exactamente lo mismo que ocurre con la modificación 29 respecto a La Peraleda y otras unidades urbanísticas, siempre con el objetivo de “compactar” con cemento y viviendas los huecos entre los diferentes barrios de una ciudad que se extiende de oeste a este, siguiendo el eje del río, a lo largo de casi 12 kilómetros.

En la Vega Baja, la actual modificación 28 del PGMOU de 1986 mantiene la intensidad edificatoria prevista por el POM de 2007 y las mismas unidades de actuación urbanística, tipologías constructivas, superficies de edificabilidad y alturas, lo que se traducirá en 1.785 viviendas y una población de casi 4.000 personas. De nuevo, como sucede en La Peraleda, seguimos con un modelo de ciudad ajeno a nuestros tiempos, que apuesta por el crecimiento continuo y desmedido, en definitiva por la especulación del suelo, y lo que es peor, por la apropiación del uso colectivo del suelo por intereses inmobiliarios y expectativas de aumento de recaudación municipal mediante el IBI, plusvalías, impuestos y rentas que genera el suelo urbanizado, olvidando que ese hecho comporta luego cargas difíciles de soportar para las arcas municipales a través de sus obligaciones de mantenimiento de infraestructuras y de servicios. En este caso, es posible que los usos residenciales disminuyan si se cumplieran las declaraciones de la alcaldesa de 6 de julio referidas a la Unidad de Actuación 01. Vega Baja (no habrá 1300 viviendas, ABC, 06/07/2018), puesto que ese espacio coincide con el declarado como BIC con la categoría de Zona Arqueológica el 10 de junio de 2008. La reducción del número de viviendas sería resultado más del imperativo legal que de cualquier otra negociación o consideración, aunque siendo así no deja de sorprender que la modificación 28 del PGMOU mantenga las 1300 viviendas.

No obstante, aun suponiendo que la anterior unidad de actuación quedara libre de viviendas y que en ella se habilitara un espacio de interpretación del pasado de la ciudad, según propuestas sucesivas en el tiempo, la mayor parte de la Vega Baja desaparecería bajo la marea urbanizadora ligada al negocio inmobiliario, arrasadora del paisaje y de los valores medioambientales y arqueológicos. En las inmediaciones del Cristo de la Vega y del Circo Romano se mantienen otras dos actuaciones incluidas en el POM del de 2007, en la primera, en el Cristo de la Vega, se levantarán 98 viviendas unifamiliares y plurifamiliares de 2 y 3 alturas, y en la segunda, en el Circo Romano, 300 viviendas plurifamiliares, de 5 alturas. Y a ello se suman las 87 viviendas en construcción de la ampliación del barrio de Santa Teresa, dispuestas a modo de cortina que cierran la perspectiva del Centro Histórico, y por si fuera poco, con soluciones arquitectónicas de difícil encaje en la zona por sus formas, volúmenes, colores y cubierta plana. El resto de la Vega Baja se dedicará a usos dotacionales, equipamientos colectivos y actividades terciarias, entre ellas el soñado proyecto de Corte Ingles como modelo de modernidad y rango de la ciudad, ahora más lejos que nunca. En cualquier caso, la naturaleza del lugar se limitará a pequeñas superficies interiores, a las márgenes del río y a un reducido parque dotacional que representa sólo el 3,4 % de la superficie prevista de urbanizar, en lo que ahora es un espacio de huertos y viveros, por lo tanto, poco que mejorar.

En cualquier caso, con esta ordenación desparecerán restos arqueológicos que se extienden por toda la Vega Baja y que no se limitan al declarado parque arqueológico, y la vista del conjunto de la Ciudad Histórica, tal como fue preservada por las Instrucciones de Bellas Artes de 1968, el Plan Especial de 1997 y la declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, habrá sido eliminada. Toledo habrá perdido una de las señas de identidad por lo que se la reconoce en el planeta y por las que ICOMOS informó favorablemente para su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Se podría perder entonces la marca de calidad que otorga esa denominación, por incumplimiento de las obligaciones internacionales para conservar el entorno de la ciudad, contraídas cuando se le otorgó esa calificación y renovadas con su declaración como Valor Universal Excepcional en 2013 por la UNESCO.

Además, el desmedido empeño urbanizador del Ayuntamiento en la unidad geográfica y de paisaje que es la Vega Baja (incluida La Peraleda) a través de la modificaciones 28 y 29 del PGMOU de 1986 no se puede entender hoy desde la responsabilidad política que supone gestionar lo que es patrimonio colectivo, del conjunto de la ciudadanía, y no propiedad de una corporación cambiante cada 4 años. Una de las primeras exigencias del urbanismo actual es la concertación con los agentes sociales no sólo con los económicos. No debería ser difícil entender que el medioambiente, el paisaje y los valores históricos son parte del patrimonio y de la calidad de vida que los poderes públicos tienen obligación de conservar (Art.45 y 46, Título I, de la Constitución Española), son bienes que no pueden ser destruidos por intereses especulativos, lo que no deberá impedir la justa y debida compensación a los propietarios de los terrenos por su contribución a la conservación de valores que son de todos.

Desde el Ayuntamiento no se aportan estudios que justifiquen una demanda de vivienda por encima de la oferta existente en el mercado y de los terrenos ya urbanizados susceptibles de edificación, lo que entra además en contradicción con la existencia de un 10% de viviendas vacías en 2011 según datos del INE, con las oportunidades de vivienda por relevo generacional y, sobre todo, con la realidad que impone un crecimiento demográfico escaso o negativo. La ciudad tenía 84.019 habitantes en 2012 y 83.741 en 2017, y el crecimiento vegetativo (diferencia entre los que nacen y mueren) desciende de 478 personas en 2012 a 214 en 2017. De este modo, el crecimiento queda a merced de los que llegan de fuera, pero sabiendo que el saldo migratorio ya fue negativo en 2014, 2015 y 2016. Los responsables políticos deben comprender que no estamos en tiempos de expansión de las ciudades y que no se necesita crear suelo urbano si no es a través de actuaciones puntuales para atender necesidades concretas y siempre asumiendo las consecuencias del modelo de ciudad dispersa que tenemos, compuesta por barrios separados entre sí que han sido creados y consolidados de manera planificada por la propia administración, como la Legua, Valparaíso, las Tres Culturas, etc., y fuera del término municipal, por pueblos próximos que han crecido hasta desarrollar una auténtica área metropolitana. Por todo eso se requiere un urbanismo de la concertación, capaz de ordenar y planificar para todo ese espacio, sin dejar al margen el Casco Histórico, como ha venido sucediendo hasta ahora, el núcleo principal. En este sentido, es absolutamente prioritaria una estrategia de revitalización funcional que permita diversificar sus actividades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, que, entre otras cosas, atraiga microempresas relacionadas con las TIC, como otras ciudades, como París, Londres, Dublín o Ámsterdam a gran escala, o Logroño a pequeña escala en nuestro país, que ha seleccionado con ese fin un área degradada del casco antiguo aprovechando Fondos Feder 2014-2020. En la actualidad las grandes empresas, como Google, apuestan por los centros urbanos para sus sedes. Claro que lo primero que habría que superar en Toledo es la carencia de red de fibra óptica en el casco histórico, que parece no preocupar mucho a nuestras autoridades y que sorprende aún más cuando nuestra ciudad nominalmente forma parte de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI).

En resumen, las modificaciones 28 y 29 del PGMOU de 1986, que afectan a toda la ciudad, no sólo a la Vega Baja y a La Peraleda, no son más que un lavado de cara del POM de 2007, una vía para continuar con planteamientos urbanísticos propios de la época de la burbuja inmobiliaria y ajenos a los valores patrimoniales, paisajísticos y medioambientales que hacen única en el mundo a nuestro ciudad, que justificaron su inclusión en la lista de patrimonio de la humanidad y que facilitarían la integración de Toledo en las redes internacionales de ciudades que apuestan por estos valores y por la innovación. Compactar la ciudad con viviendas y cemento es muy difícil, casi imposible, y todavía más cuando esos vacíos constituyen una oportunidad para la renaturalización, con usos agrícolas y huertos urbanos, una ocasión para aumentar la biodiversidad, para conservar los vestigios del pasado y paisajes únicos en el mundo.

Antes de seguir con proyectos desafortunados y de consecuencias irreversibles como los que se proponen a través de las modificaciones del PGMOU de 1986, correspondientes a prácticas especulativas del pasado que iniciaban la urbanización por espacios lejanos del centro para generar plusvalías de los suelo intermedios, vacíos urbanos, y luego ocuparlos, no estaría demás dar audiencia a la opinión pública a través de foros en los que se puedan contrastar propuestas y opiniones de todos los actores sociales, de los ámbitos e instituciones culturales más allá de los subvencionados, también del Ayuntamiento, del Gobierno regional y de expertos independientes con experiencia en el análisis e interpretación de las ciudades, en la conservación del patrimonio, en el medioambiente y en la aplicación de las TIC. Seguro que si estas consideraciones se tuvieran en cuenta, las vegas quedarían a salvo, los paisajes y los vestigios arqueológicos del pasado se conservarían, el casco histórico se recuperaría funcionalmente y todos disfrutaríamos de una ciudad más cohesionada, con mayor calidad de vida y probablemente con menores costes de mantenimiento.

Antonio Zárate Martín es catedrático de Geografía.

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