El Pasante

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JAVIER DE PABLOS

Político funcionario, profesión emergente en CLM

Las redes profesionales informan con frecuencia acerca de la carrera o la formación con mejores salidas para el óptimo desarrollo de nuestra vida profesional. También sobre los perfiles de éxito que nos puede facilitar un trabajo o mejorar el que tenemos. Profesiones emergentes como especialista customer success, agile coach, consultor de cloud, representante de help desk, o desarrollador de python serán algunos de los empleos más demandados en 2020 dentro del panorama laboral de este país, según Linkedin. Sin embargo, hay ocupaciones menos robóticas. Sin necesidad de entender idiomas y las habilidades especificas que requieren cada una de aquellas, una profesión emergente ha irrumpido en Castilla-La Mancha con luz propia, la que procede del “enchufe” político.

Mientras en muchos otros países desarrollados, especialmente anglosajones y nórdicos, existen numerosas trabas e incompatibilidades que impiden a los funcionarios dar el salto a la política, en España, lejos de dificultar ese tránsito, se facilita, e incluso se premia como se acaba de hacer en Castilla-La Mancha. Las Cortes autonómicas han aprobado una Ley de Medidas Administrativas que promociona la designación de político funcionario para desempeñar altos cargos en la Administración autonómica en perjuicio de los empleados públicos de la región. Una privilegiada red clientelar dentro del funcionariado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en contra de cualquier principio de capacidad, mérito e igualdad en la Función Pública. Funcionarios que cuando se reincorporen a la Administración regional tras ejercer como directores generales, jefes de gabinete, concejales ó alcaldes liberados,  se beneficiarán de un plus vitalicio tras su paso por la política.

La Ley aprobada por la mayoría socialista ha merecido una contestación social sin precedentes en esta tierra. Organizaciones sindicales que representan al 100% del funcionariado autonómico, partidos políticos y trabajadores de la Administración regional se han manifestado en contra de una carrera profesional que beneficia tan sólo a los políticos funcionarios. En su defensa, los socialistas aducen que la Ley pretende “proteger” a los que quieran trabajar en la política. Una supuesta protección que agrede a la Función Pública, hostiliza a trabajadores y sindicatos, y beneficia a una casta de funcionarios.

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