21 de octubre de 2019
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El Pasante

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JAVIER DE PABLOS

Crecer en funcionarios

La contratación en 2018 de empleados públicos en el conjunto de las administraciones españolas (Estado, Comunidad Autónoma, Administración Local y Universidad) se incrementó en 17.005 personas, hasta alcanzar en el conjunto del país los 2,578 millones de efectivos, según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, tan sólo un 0,66 por ciento más que el año anterior. Un alza que desde 2009 sólo ha sido superada con creces en 2017 con 42.000 nuevos funcionarios en la Administración.

Castilla-La Mancha, no obstante, ha destacado durante el pasado año en su papel de empleador por excelencia de la Administración Pública española. Un tercio de estas nuevas contrataciones a nivel nacional corresponden a la región. Un total de 6.000, hasta los 133.757 operarios en el conjunto de las diferentes  administraciones: 17.000 en la del Estado,  73.370 en la Comunidad Autónoma, 39.936 en la Administración Local, y  3.451 en la Universidad de Castilla-La Mancha, al término del pasado año. Una plantilla donde el 55 por ciento son mujeres. En este incremento de la contratación de empleados públicos en la región en 2018 ha jugado un papel predominante la Administración autonómica con 5.858 nuevos empleos, hasta los 73.370,  un 8,7 por ciento más que en 2017, y muy por encima de otras regiones más desarrolladas como Madrid (2.807) y País Vasco (2.059).

Mas la práctica de una permanente oferta laboral -interinos, temporales, o eventuales incluidos- por parte de la Administración Pública para atender adecuadamente los servicios públicos de este país parece tocar a su fin. La revolución tecnológica 4.0 está suponiendo un gran empoderamiento ciudadano que se manifiesta en dimensiones diversas dentro de la función de estos organismos. Las instituciones públicas en su condición de intermediarios sociales con la ciudadanía corren el riesgo de desaparecer o ver mermadas sus prestaciones si no son capaces de generar nuevos valores y modernizar sus actuales arquitecturas organizativas. Unos servicios prestados de forma eficaz durante estos años de singladura democrática por una plantilla que en ocasiones ha sido injustamente desprestigiada. Un reto que la Administración debe superar con formulas bien distintas a las que hasta ahora ha dictado la tradición. Un hábito que también incluye una excesiva dependencia política, sindical y corporativa.

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