El Pasante

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JAVIER DE PABLOS

Vuelva usted mañana

La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) ha denunciado el enorme entramado normativo e ingente documentación a la que están sometidos los empresarios de Castilla-La Mancha ante distintos organismos y administraciones para el normal desarrollo de sus actividades. Un proceso largo y costoso que según la patronal lastra la competitividad de las empresas y dificulta su crecimiento económico. Una normativa legislativa que tan sólo el pasado año ocupó más de 51.000 páginas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, además de las publicadas por el resto de comunidades, el BOE, y también el DOCE.

Las instituciones públicas se multiplican cada vez más en función del interés del ciudadano, así se justifica, aunque luego se solapen muchas de ellas y su utilidad sea más que dudosa. A mediados de 2019 (último dato disponible) había 19.675 organismos públicos en España colgados del Estado, Autonomías, Cabildos, Ayuntamientos y Diputaciones. Un aparato administrativo público excesivo y atomizado, con duplicidades de servicios y Administraciones, ajeno a la competitividad exigida en una economía libre de mercado, y también de la advertencia de Bruselas al Estado español para que no aumente el gasto público estructural. El actual gobierno del país es una muestra de ello. Una coalición de gobierno con 23 miembros, junto una legión de altos cargos y asesores, que para al menos poder estirar las piernas tras las reuniones tienen que acudir hasta los Quintos de Mora.

Castilla-La Mancha no es una excepción, y en esta tierra también nos invade un crisol de entidades públicas, organismos, fundaciones con nombres extraños y funciones sin que en muchos casos se sepa si tienen o no actividad, dependientes del Estado, Gobierno regional, ayuntamientos, y diputaciones. Un virus estatal, autonómico, provincial, o local de regulaciones que obligan a los empresarios a destinar tiempo y recursos que en muchos casos no disponen para poder cumplir con tanta legislación. Un proceso costoso que, como asegura Cecam, resta una competitividad necesaria para la creación de riqueza y también de empleo en las empresas. Unas ocupaciones que, sin embargo, no decaen en estas administraciones satélites donde los partidos aprovechan para colocar a los suyos, además de dar acomodo laboral a una importante contingente de enchufados.

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