El Pasante

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Javier de Pablos

Castilla-La Mancha, territorio okupado

No existe ninguna razón que justifique la ocupación ilegal de una propiedad ajena, mas ocupar una vivienda en Castilla-La Mancha está resultando muy barato. Así lo comprueban cada día –y lamentan- muchos castellano-manchegos de Guadalajara, Corredor del Henares, Puertollano, Albacete, La Sagra… También el presidente de Castilla-La Mancha ante el notable incremento de una práctica en la región que está provocando tanta alarma social. Ante esta lamentable situación, Emiliano García-Page ha urgido al Gobierno central a tomar medidas legislativas inmediatas contra el creciente fenómeno de la ocupación de viviendas por parte de mafias. Delincuentes que se aprovechan de la complicidad buenista y pueril de gobiernos presuntamente progresistas para hacer negocio con el drama de gentes en riesgo de exclusión. Hasta tanto, el presidente del Ejecutivo autonómico anuncia la presentación de un proyecto de legislación “muy contundente” para la región, que intente frenar un fenómeno cada vez mayor que nadie sabe o quiere parar.

Sólo en Castilla-La Mancha, durante el primer semestre de este año, se han presentado 296 denuncias por ocupación ilegal de inmuebles, la sexta región en España con más requerimientos según datos del Ministerio del Interior. Una cifra en realidad mucho mayor, pues tan sólo se contabilizan las ocupaciones que han llegado a judicializarse. Ante la intimidación y degradación a la que someten los okupas al resto de la comunidad, la región se llena cada día de imágenes inquietantes donde vemos a los vecinos de cada barrio salir a defenderse y protestar en la calle ante la ceguera dogmática de las instituciones a las que están sometidos.

Un problema que se agrava cuando desde una parte del Gobierno central justifican los asaltos a la propiedad privada basándose en perjuicios tramposos, en lugar de proponer un marco legal que permita a los propietarios recuperar sus casas lo antes posible. Víctimas que asisten impotentes al expolio de su propiedad por culpa de una legislación que no vela como debiera por sus derechos, y les garantice que sus bienes no pueden ser enajenados por la fuerza. Un calvario judicial evidente, agravado por la desesperante lentitud de estos procedimientos, sin perjuicio de que las Instituciones dejen de atender a aquellas personas que necesitan una vivienda para que puedan vivir dignamente, pero no a costa de sacrificar la propiedad de los demás.

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