El Pasante

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Javier de Pablos

Castilla-La Mancha, tierra de burdeles

Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor número de clubes y locales de alterne en España, “a la cabeza del sector” como concretaría cualquiera de nuestros políticos en la región para valorar la gestión de sus respectivos departamentos. Mas no es dato para presumir que el 80 por ciento de todos los prostíbulos en este país se concentran en Castilla-La Mancha, bien en clubes, pisos, casas particulares o en lugares de la calle, según datos del Instituto de la Mujer. No en vano en nuestro país un 39 por ciento de los hombres reconocen haber consumido prostitución alguna vez, según un estudio de la Asociación para la Reinserción de la Mujer Prostituida (APRAMP). Unos datos que colocan a España a la cabeza de los países más puteros de la UE salvo, naturalmente, los de la comarca de Alcázar de San Juan que, por lo que se ve, no frecuentan estos lugares.

Tras haberse conocido un brote de la pandemia con diversos afectados en un burdel de esta localidad ciudadrealeña, al que nadie asegura haber acudido, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha decidido echar el cierre a todos los lupanares en la región. Mas como las cosas de la jodienda no tienen enmienda -se ponga como se ponga el presidente regional- una brillante operación de la Guardia Civil ha pillado posteriormente con las manos en la masa -entiéndase aquí la corporal- a 18 clientes en un club de alterne de la provincia de Toledo que debería estar cerrado, y a 23 trabajadores a los que se les han impuesto sendas denuncias por diferentes infracciones administrativas.

El estado de alarma por la covid está obligando por ley al cierre de los prostíbulos en este país, aunque todavía siguen abiertas muchas webs de contactos ofreciendo sus servicios. Una servidumbre por parte de unas mujeres que en su mayoría vienen a España acuciadas por la precaria situación económica de sus familias en sus países de origen. Engañadas, algunas, con supuestos trabajos en hostelería o trabajadores del hogar, aunque también conscientes otras de que se introducen en la prostitución. Todas ellas se han convertido en uno de los colectivos más vulnerables debido a la actual situación del país y cese de una actividad que mueve muchos millones de euros en España.

Una trágica situación para un colectivo que, a los habituales estigmas de no ser aceptadas socialmente y ejercer una labor no regulada por ley, se las priva ahora de su única fuente de ingresos. Un buen momento para, normalizada la vida en este país y superada la crisis por la que atraviesa, regular de una vez por todas y no de una forma coyuntural obligada por las circunstancias actuales la prostitución en España. Poner fin, en definitiva, a su descontrol sanitario, a las mafias de un comercio que se basa en la explotación de las mujeres, a la entrada ilegal de muchas de ellas y, por qué no, de posibilitarlas una regulación fiscal y laboral como trabajadores del sexo. Si uno de los pilares del feminismo se basa en la libertad de la mujer para hacer con su cuerpo lo que quiera, por qué no alquilarlo libremente a quien quiera.

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