El Pasante

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Javier de Pablos

A la vicepresidenta Tolón la brotan los contestatarios

No está teniendo la alcaldesa de Toledo Milagros Tolón grandes dificultades en el desempeño de su cargo al frente de la Corporación municipal durante la actual legislatura. Una comodidad a la que contribuye la oposición, junto a una adecuada gestión de la política municipal desarrollada por el Ayuntamiento toledano. Mas en su otro cargo en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la regidora Tolón ha pinchado en hueso a la hora de pretender que la FEMP, de la que es vicepresidenta, deje a los ayuntamientos utilizar sus ahorros de estos años, y a entregarles un fondo de 5.000 millones en la próxima década para solventar sus problemas de liquidez por los gastos soportados para combatir la covid-19. Un fondo destinado exclusivamente para los consistorios que previamente hayan aportado a Hacienda dichos ahorros antes del 15 de septiembre.

El acuerdo, que Tolón estimó para los municipios como “el mejor posible con el Gobierno de España”, fue salvado in extremis en la junta de Gobierno de la  FEMP gracias al voto de calidad de su presidente, Abel Caballero, que tras la trifulca considera ahora mejorable un acuerdo que posteriormente fue refrendado en la Moncloa por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. La igualdad existente en la FEMP a la hora de suscribir el pacto de financiación ha tenido de inmediato una respuesta en su contra por parte de los municipios más importantes del país. El pasado viernes, un frente común de once alcaldes de diferentes formaciones políticas suscribieron una declaración conjunta de rechazo al acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda, exigiendo que los 5.000 millones de euros a fondo perdido que ofreció el Ejecutivo se distribuyan entre todos los municipios, no solo entre quienes hayan aportado sus recursos a Hacienda. Simultáneamente, el PP impulsará mociones contra el acuerdo en todos los ayuntamientos en los que tenga representación.

Los ayuntamientos en este país, al margen de su proximidad con los ciudadanos y de su problemas sociales, han contribuido a paliar las cifras de déficit de otras administraciones e incluso a soportar competencias que no les conciernen. No hay por tanto justificación para que el expolio a los ayuntamientos siga adelante, imposible además cuando ya han manifestado su oposición un total de nueve grupos diferentes, con 190 diputados en la Cámara Baja, que impedirían en el Congreso la convalidación del acuerdo suscrito. Un trámite parlamentario en el que se debería buscar antes el consenso necesario, atender las justas y razonables reivindicaciones de los municipios, y evitar la ruptura de un municipalismo en unos momentos en el que los ayuntamientos están siendo obligados a redoblar sus esfuerzos ante la brutal crisis por la que atraviesa el país, sus ciudadanos, y sus respectivas administraciones.

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