LA JUNTA PONE EN MARCHA EL "CHEQUE TRANSICIÓN"

Las empresas castellano-manchegas tendrán una nueva ayuda de 5.140 € por cada contrato

Nacho Hernando, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. Foto: Ó. Huertas
Nacho Hernando, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. Foto: Ó. Huertas

Unas 290 empresas al año se podrán beneficiar del "Cheque transición", una subvención de 5.140 euros que recibirán por cada contrato laboral que suscriban con trabajadores que hayan participado en los planes de empleo de Castilla-La Mancha, según el decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno.

El portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, ha informado en rueda de prensa de los acuerdos adoptados en la última reunión del Consejo de Gobierno de este año, uno de ellos el decreto que regula la concesión directa de subvenciones para incentivar la contratación laboral, en el marco del programa "Cheque transición", y que cuenta con un presupuesto total de 1,5 millones de euros.

El objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas poseedoras de este "cheque", a través de ayudas a las empresas para su contratación.

El Cheque Transición será expedido de oficio a todas las personas que hayan participado en los planes de empleo de la Junta o programas como el Garantía+55, y tendrá una vigencia 12 meses contados a partir del próximo 1 de febrero de 2019.

Hernando ha explicado que mediante esta medida se van a subvencionar los contratos laborales formalizados con personas en posesión del citado "cheque" que se encuentren inscritas en las oficinas de empleo, y serán ayudas directas 5.140 euros euros que recibirán las empresas o cooperativas o entidades por cada contrato.

Esta cuantía se incrementará en 700 euros en los casos de que el trabajador contratado sea una mujer víctima de violencia machista, una persona con discapacidad o en riesgo de exclusión social, así como las de zonas ITI.

Contrato Joven en 2019

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el decreto para la renovación del Contrato Joven en 2019, con una partida de 8,8 millones de euros, y que contempla ayudas para la formalización de contratos para formación y aprendizaje, prácticas, relevo y transformación de contratos en indefinidos.

A través de estas ayudas, las empresas interesadas podrán contratar a jóvenes de entre 16 y 30 años, inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y personas en situación de exclusión social.

El Ejecutivo autonómico también ha aprobado la convocatoria de subvenciones del Programa Adelante Digitalización que, con un presupuesto de 1,3 millones de euros para el ejercicio 2019, tiene como objetivo favorecer la transformación digital de las empresas.

Hernando ha explicado que la convocatoria se enmarca en el Plan Adelante y cuenta con dos líneas de apoyo, una dirigida a la modernización de las estrategias de comunicación y venta y al impulso del comercio electrónico de las pymes y otra para la transformación digital de la industria manufacturera.

Se ha autorizado asimismo la convocatoria de ayudas al fomento de la regeneración y renovación urbana y rural (ARRUs) con una inversión de más de 6,3 millones de euros.

Las ayudas van destinadas a financiar obras conjuntas de rehabilitación en edificios de viviendas; de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, edificación de edificios o viviendas en sustitución de otras demolidas, y siempre dentro de ámbitos de actuación previamente delimitados.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha explicado que se primarán las actuaciones de especial trascendencia y que resulten innovadoras, que se basen en líneas estratégicas que aborden la mejora integral de los barrios degradados, de centros y cascos históricos, la renovación de áreas funcionalmente obsoletas y de renovación de áreas de infravivienda.

Por otra parte, el Consejo ha aprobado una partida de 4,6 millones de euros para la suscripción de seguros agrarios combinados, y un gasto de 25 millones para realizar medidas de conservación y mejora impulsadas por ayuntamientos y empresas en masas forestales de Castilla-La Mancha de, al menos, diez hectáreas de superficie.

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