20 de octubre de 2019
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La Pregunta

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EDCM

¿Qué guerra familiar al estilo Falcon Crest afecta a una gran bodega de CLM?

La guerra familiar desatada en Bodegas Pesquera recuerda el más puro estilo de la recordada serie americana Falcon Crest que afecta a Castilla-La Mancha. La Fiscalía Provincial de Valladolid ha remitido una denuncia a los Juzgados de Instrucción contra la ex mujer y una de las cuatro hijas del fundador del Grupo Pesquera, el bodeguero Alejandro Fernández, al considerar que hay indicios de posibles delitos de falsedad en documento mercantil y público, administración desleal y de tipo societario, en relación a una operación que buscaba apartar a Fernández de la administración de las bodegas. Alejandro Fernández, además de ser uno de los más potentes bodegueros de la Ribera del Duero, también tiene intereses en nuestra región ya que en 1999 fundó en Campo de Criptana (Ciudad Real) una bodega que elabora uno de los vinos más potentes de la región: El Vínculo.

La batalla de la familia del fundador de Pesquera se desencadenó tras la separación del matrimonio, hace dos años. Las hijas, como ocurre en estas situaciones, han dividido su apoyo.  Alejandro Fernández, que fundó las Bodegas Pesquera en 1975, cuenta con el respaldo de una de sus cuatro hijas  (Eva Fernández Rivera, enóloga del grupo). Su ex mujer, Emilia Rivera, está apoyada por las otras tres (Olga, Lucía y Mari Cruz). Juntas sumaban más del 50% del capital en la empresa familiar, Alejandro Fernandez Tinto Pesquera S.L., una situación que utilizaron para desplazar a ambos en los consejos de administración, según las fuentes consultadas por Europa Press.

"Derivado de la ruptura matrimonial, aún no formalizada, las denunciadas han pretendido apartar a Alejandro Fernández de la totalidad de la gestión y tanto de las empresas como de las bodegas, lo que se ha realizado a través de distintos acuerdos sociales en las mercantiles, incluyendo el no reparto de los beneficios de tales sociedades que habitualmente se realizaba", explica el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso esta agencia.

El escrito de la Fiscalía detalla que el 5 de marzo de 2018 se celebró una junta extraordinaria en la empresa en la que, con oposición de Fernández, se transformó la administración solidaria por un sistema mancomunado y que establecía como "suficientes" las firmas de dos de estos administradores para tomar decisiones. Con esas dos firmas, en la junta ordinaria del 23 de julio de 2018 Alejandro Fernández fue cesado como administrador mancomunado de Tinto Pesquera, "se denegó el acceso a las cuentas totales de la compañía y se acordó el destino de los beneficios de la sociedad, 4,4 millones de euros, a reservas voluntarias y no a dividendos", como él solicitaba.

El beneficio del ejercicio 2018 de la sociedad ascendió a 5,6 millones de euros, un 81% más que en 2017 cuando se situó en 3,13 millones.

La batalla familiar salpica no solo a la matriz, Alejandro Fernandez Tinto Pesquera S.L., sino también a sus filiales, Bodegas Condado de Hazas, Pesquera Hotel y empresas relacionadas con la energía, Inversiones Energéticas Afer, Haza y BVFR. Y también a El Vínculo de Campo de Criptana.

Alejandro Fernández sigue siendo propietario de las tierras y edificaciones del Grupo Pesquera. Además, es el que dispone de la tarjeta de viticultor imprescindible para obtener la Denominación de Origen Ribera del Duero. Con ella, decidió vender la cosecha de 2018 a otras empresas, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Cuando trabajadores de Matarromera (a quien había vendido la producción) comenzaron a vendimiar, la exmujer de Fernández presentó un contrato que en febrero habría suscrito con su hija Olga y por el que le arrendaba "la totalidad de las fincas" de cultivo, de las que es propietaria en gananciales, por un periodo de diez años a "un exiguo precio" de 130.344,8 euros.

Ese contrato de arrendamiento, que Fernández no reconoce, junto a la denuncia y los atestados por los obstáculos a los trabajadores para la recogida de la uva, han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía, que ha enviado la denuncia al juzgado de instrucción. La denuncia original afirma que el contrato es falso y está manipulado, puesto que la fecha que consta no se corresponde con la de los documentos públicos que lo acompañan y que habrían sido expedidos en meses posteriores.

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