La Pregunta

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¿Qué cambio va a provocar que miles de castellano-manchegos paguen un recibo del IBI más caro?

El importe que abonan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en concepto del impuesto de bienes inmuebles (IBI) subirá en 2020 en 16 capitales de provincia y sólo bajará en tres: Castellón, Guadalajara y Zaragoza. Esta evolución se deriva de la revisión del catastro aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros y de la consiguiente orden publicada por el Ministerio de Hacienda en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2020.

En total, hasta 1.092 municipios se acogen a esta actualización, cuya aplicación se hará efectiva desde el 1 de enero de 2020. Las subidas y bajadas medias globales en conjunto alcanzan un 3 %, respectivamente. El incremento máximo no supera el 5 %. En detalle, la actualización conlleva que de los 1.092 municipios la mayor parte, 1.005 localidades, registrarán alzas en sus valores y los 87 restantes bajadas.

Un total de 111 municipios de Castilla-La Mancha han decidido revisar en bloque para este ejercicio 2020 el valor catastral de sus inmuebles urbanos. La lista de dichos municipios ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado e incluye los municipios de las cinco provincias de la región. En concreto, 10 en la provincia de Albacete, Cuenca (62), Ciudad Real (7), Guadalajara (63), y Toledo (29). En la práctica, eso se traducirá en una subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Aunque no cambie la tarifa del impuesto, sí cambia la base, que es el valor catastral. Por tanto, la subida afectará a miles de castellano-manchegos.

Además, el valor catastral afecta a otros impuestos como el IRPF, la plusvalía municipal, el impuesto sobre el patrimonio. Los coeficientes que se han fijado son los siguientes: para aquellos municipios cuyo año de entrada en vigor de la ponencia de valores (es decir, de la última actualización del catastro) se sitúe entre 1984 y 1988, el coeficiente de actualización será de 1,05 o, lo que es lo mismo, del 5 %. Para aquellos ayuntamientos cuyo año esté entre 1989 y 2003, el coeficiente será de 1,03, o sea, del 3 %. Y para los municipios cuyo año de entrada en vigor de la última actualización sea 2011, 2012 o 2013, el coeficiente será del 0,97, esto es, una rebaja del 3 %, puesto que los valores estaban fijados en niveles en que aún no se había desinflado del todo la burbuja inmobiliaria.

Las capitales de provincia en las que se revisarán al alza los valores catastrales son Girona (cuyos valores eran del año 1990), Córdoba y Valladolid (desde 1995), Cádiz, Palencia y Teruel (desde 1996), A Coruña, Jaén, Granada y Logroño (desde 1997), Lugo y Valencia (desde 1998), Huelva (desde 2000) y Huesca, Sevilla y Tarragona (desde 2001). Por el contrario, los valores catastrales bajarán en las capitales de provincia de Castellón, cuyos valores no se actualizaban desde 2012, y Guadalajara y Zaragoza, con valores procedentes del año 2013. En estos últimos casos, sus últimas actualizaciones coincidían con la burbuja inmobiliaria.

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