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La Ley de Movilidad necesita actualizarse

El sector del transporte debe renovarse y mantener unas operaciones digitalizadas conectadas que mejoren su eficacia y su sostenibilidad, pero la legislación está obsoleta, tiene 35 años.

La Fundación Corell ha presentado la jornada “Bases para una nueva ley de movilidad sostenible y financiación del transporte terrestre”. Este proyecto se propuso debido al desfase evidente entre la legislación en vigor en materia de transporte terrestre y la rápida evolución que el concepto de movilidad está teniendo. A propuesta de su Think Tank Movilidad se ha realizado un trabajo de análisis de la legislación en vigor en materia de transporte, tanto de viajeros como de mercancías, su adecuación a las necesidades crecientes de la sociedad y en especial de su capacidad para proporcionar un marco regulatorio adaptado a las crecientes necesidades de la Movilidad. 

Durante el pasado año, el MITMA planteó en su estrategia de movilidad una nueva ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público ante los evidentes desajustes entre la regulación vigente. El proceso de tramitación se inició con un diálogo abierto que tuvo centenares de aportaciones, lo cual indica la oportunidad del proyecto, así como el interés de los distintos actores sociales en aportar su criterio a esa iniciativa que se ocupa de un servicio que usan, de una u otra forma, la totalidad de los ciudadanos más de una vez al día y cuyo buen funcionamiento contribuye de una manera directa, inmediata y diaria a mejorar la calidad de vida. 


En un escenario económico y social muy diferente a cuando se estableció la norma LOTT de 1987, la ley se ha quedado desactualizada y obsoleta a las necesidades actuales

Algunos de los cambios que ha habido en los últimos años y que se consideran motivo suficiente para insistir en una nueva regulación son la irrupción de las plataformas tecnológicas no transportistas, los riders de la última milla en dumping social, los autónomos con una fiscalidad discriminatoria, la micro movilidad en las áreas urbanas y metropolitanas, la intermodalidad urbana entre modos, colectivos e individuales, el apoyo a la corriente de mejora de calidad del aire, la transición energética, la corriente imparable de concentración de población en áreas metropolitanas y la despoblación de la España interior, así como la eficacia del gasto público tanto en contratos programa de operación como en infraestructuras.

Por último y muy importante, también afecta a la demanda del transporte colectivo, los cambios en los hábitos sociales derivados de la pandemia del Covid-19. “Esta ley busca dar una seguridad jurídica, contratos seguros y una estabilidad al sector a largo plazo. Supone una regulación, gestión y planificación integral de todo el transporte”, afirman en la Fundación Corell. Entre los aspectos fundamentales por los que en el transcurrir de este semestre el MITMA debe de promover y liderar un proceso legislativo que actualice las normas, está ordenar el mercado de la movilidad con un horizonte estable, garantizar una estabilidad adecuada, y permitir a la iniciativa privada tener “luz larga” para planificar inversiones y adaptarse a las nuevas condiciones.

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